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Se iniciarán procesos penales en contra de fiscales y jueces que actuaron en el denominado caso “fraude electoral”. Sin embargo, tras la decisión de la Fiscalía de cerrar el caso, ahora los afectados los demandarán por acusación falsa y pedirán un resarcimiento por los daños ocasionados, anunció el jueves reciente el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani.

Mientras que desde el Movimiento al Socialismo (MAS) determinaron iniciar un proceso en contra del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por el supuesto delito de obstaculización al proceso electoral de 2019, reportó Los Tiempos.

“En realidad son más de 50 vocales a nivel nacional y una cantidad similar de funcionarios que también han sido perseguidos políticamente y han sido sobreseídos (…). Hay varias acciones que vamos a realizar, inicialmente presentaremos una acción penal por acusación y denuncia falsa”, explicó Mamani.

Según el exvocal, con esa decisión de la Fiscalía se confirma que no existió delito en el proceso electoral de la gestión 2019, y ahora presentarán una nota formal al Órgano Ejecutivo solicitando que se implemente el plan de reparación integral a las víctimas, como lo indica el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

“La Fiscalía, en revisión, opta por el sobreseimiento (…) por la inexistencia del delito en 2019, con esa determinación fiscal se da por finalizado aquel proceso político que se había iniciado en contra de las exautoridades”, expresó el exvocal.

El miércoles 13 de octubre el fiscal departamental de La Paz, William Alave, ratificó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de cinco exvocales del TSE por el supuesto delito de fraude electoral registrado en los comicios de 2019 y determinó el cierre del caso.

La resolución fue emitida a favor de María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero, quienes estaban sindicados por la comisión de los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros.

/AAC/