Tras una serie cuestionamientos y movilizaciones que hicieron diferentes sectores del país, el Gobierno decidió este jueves retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en un intento por detener las masivas críticas que se desarrollaron en días precedentes.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó la posición del Gobierno en una conferencia de prensa que se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz.

“Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, sus preocupaciones, temores hemos decidido retirar este proyecto del Ley (…) para no dar lugar en lo absoluto a la confrontación entre bolivianos, a la desestabilización, a la violencia y confrontación”, señaló Prada.

Asimismo, lamentó que algunos políticos, buscan la desestabilización del país, también desinforman, instalan temor respecto al proyecto de Ley con la única intención de defender los intereses de algunos sectores de élite económica, reportó el diario El Deber.

“Estos grupos buscan en el fondo la impunidad y como no pueden instalar (ese interés), porque el pueblo ha dado el mandato de memoria, verdad y justicia, que cumpliremos como Gobierno nacional, han utilizado esta Ley como excusa para desinformar, sembrar temor entre los sectores populares del pueblo boliviano”, advirtió.

La autoridad recordó que el proyecto de Ley cumple las directrices establecidas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su organismo para América Latina (Gafilat), evaluará a Bolivia en noviembre de este año para verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el organismo en materia de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El proyecto compilaba de manera ordenada y coherente las normas que están vigentes, según la exigencia de la GAFI, reportó el diario Ahora el Pueblo.

El citado proyecto de Ley encontró el rechazo no sólo de las alianzas de oposición, sino también de cívicos, plataformas ciudadanas, sectores laborales como transportistas y gremiales, profesionales y empresarios, entre otros, debido a que consideran que esa norma vulneraría derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución Política del Estado, como el secreto profesional, entre otros.