El Gobierno reconoció este jueves fallas en el proceso de socialización y dejó sin efecto el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con el propósito de precautelar la paz y evitar la confrontación en el país, informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto, hemos decidido retirar este proyecto de Ley” de su tratamiento en el Legislativo, señaló Prada.

Para el próximo lunes, varios sectores económicos y políticos del país, entre gremiales, choferes, cooperativistas y organizaciones, anunciaron la realización de un paro de 48 horas para rechazar el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, por considerarla vulneradora de las garantías constitucionales y atentatoria a la población en general.

La ministra reconoció que hubo “fallas en la socialización” del proyecto de ley y que frente a esas ausencias de información se instaló en varios sectores dela población “un temor absolutamente infundado, sembrado y promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad”.

“Lamentablemente, algunos políticos, algunos grupos que buscan permanentemente la desestabilización en nuestro país, han instalado no solamente la desinformación, sino el temor respecto a una ley que busca cumplir con estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y contra el financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva”, apuntó.

Pese a las reuniones que entabló el Gobierno con algunas organizaciones y gremios, para buscar la aceptación del proyecto de ley, éstos confirmaron su participación en el paro de 48 horas programado para el lunes. 

Prada remarcó que estos grupos, en referencia a los opositores al Gobierno, han utilizado un proyecto de Ley “como una excusa para instalar la desinformación, como una excusa para sembrar temor entre sectores populares del pueblo boliviano”.

Indicó que el Gobierno paralizó el debate del proyecto de ley para “no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación” entre bolivianos.