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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 15 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Hasta los movimientos sociales afines al MAS se pusieron en
contra y el Gobierno de Luis Arce retrocedió. El oficialismo decidió retirar de
la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas, pero esa decisión no logró bajar la tensión. Los gremiales
seguirán movilizados, mientras que la presión de la COR, la Fejuve y
las organizaciones alteñas fue lapidaria para el Ejecutivo.
La tarde de ayer, la ministra de la Presidencia, Marianela
Prada, salió en conferencia de prensa. Primero expuso que “frente a los
intentos fracasados, han utilizado la Ley de Lucha Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas como una excusa para instalar la
desinformación, como una excusa para sembrar el temor entre sectores populares
del pueblo boliviano, pero nosotros venimos de sectores populares, nosotros
somos un gobierno del pueblo y cumpliremos siempre en sintonía con ese latir
del corazón del pueblo boliviano”.
Por lo tanto, informó que “escuchando al pueblo boliviano,
escuchando sus preocupaciones y sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos
decidido retirarlo y eso es lo que queríamos informar al pueblo
boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten”, dijo.
Pero, el máximo dirigente de los gremialistas, Francisco
Figueroa, señaló que “es una conquista del pueblo, pero el gobierno
tiene aprobada la ley 1386, que es la ley madre. El que acaban de retirar
(proyecto de ley 218) es la que definía sanciones duras de principio a fin, y
creaba comisiones. No queremos que pase lo mismo con el Código Penal, que
también retiró el Gobierno, pero luego la han ido aprobando pedazo por pedazo”,
aseguró.
Por ese motivo, hoy se realizará en Cochabamba un ampliado,
que definirá las acciones siguientes. “Sin embargo, puedo
adelantar que exigimos la abrogación de la norma madre. No vamos a bajar la
guardia, nuestras protestas se mantendrán en pie hasta abrogar esa ley. Si
quiere realmente paz, tendrá que cumplir nuestra demanda”, aseveró.
Los cooperativistas, transportistas y otros sectores irán en
los próximos días a asambleas para analizar el tema a fondo, pero también manifestaron
su desconfianza y que estarán atentos a que se elimine cualquier
resquicio de esta ley aprobada en el Senado.
El gobernador de Santa Cruz y líder de la agrupación
Creemos, Luis Fernando Camacho, celebró el anuncio y lo calificó como un “nuevo
triunfo para el pueblo que obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la
agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo. Con esa ley, cualquier
ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus
bienes”, escribió en su muro de Facebook.
Anticipó, también, que “vendrán nuevas luchas,
pero siempre triunfará la democracia por sobre el autoritarismo”.
Desde la Asamblea, el diputado Erwin Bazán (Creemos), señaló
que las palabras se las puede llevar el viento y pidió a los sectores que no se
desmovilicen, hasta que el presidente envíe una carta en la que retire
la ley de forma oficial.
El expresidente Carlos Mesa, tras la conferencia de prensa
de la ministra comentó: “Gana Bolivia y pierden los autoritarios, los
violadores de DDHH y los que creen que el pueblo no sabe defenderse.
Vienen batallas por la justicia y la democracia. Ahí estaremos porque unidos lo
podemos todo”.
Mientras que el también expresidente Jorge Tuto Quiroga
calificó como un fracaso del MAS el intento de aprobar este proyecto que ya
había vencido el filtro de la Cámara de Diputados. “Estruendoso fracaso
de intento masista de criminalizar la informalidad, expropiar
pequeña propiedad y convertir nuestra sociedad en ‘delatores’ del prójimo”,
apuntó el exmandatario Quiroga.
Evo Morales respondió: “Los herederos de la dictadura y
candidatos fracasados del neoliberalismo que masacraron al pueblo para imponer
políticas económicas de EEUU, con oportunismo tratan de adjudicarse victorias
que no les corresponde. Antes, ahora y siempre nuestros gobiernos escuchan al
pueblo”,
La gota que rebalsó el vaso la sufrió ayer el ministro de
Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, cuando acudió a una reunión
para debatir la norma con sectores sociales de El Alto, como la
Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la COR, entre otras.
Tras su alocución fue duramente cuestionado, los sectores le
exigieron que la norma sea anulada y amenazaron con movilizarse y tuvo que
abandonar el Centro de Convenciones en medio de reclamos y gritos de
“anulación” de la ley. En el encuentro estuvieron presentes la
alcaldesa Eva Copa, y la directora de la UIF, Ana María Morales.
El secretario ejecutivo de la COR alteña, Marcelo Mayta,
tras la decisión del Gobierno, dijo que “los alteños analizamos la ley junto a
las autoridades que nos visitaron y no hemos encontrado claridad, ni
serenidad sobre el tema” de la normativa.
El dirigente señaló que fue muy importante la “unificación de
todas las organizaciones, porque la mayoría de los artículos afecta a los
intereses de los más humildes, de los que viven al día, “cómo podemos creer que
un funcionario de la UIF esté por encima de un juez o de un fiscal, no es
posible”.
Lamentó que si bien se hizo el intento de socializar, “ha
sido muy tarde. Por eso, agradeció al presidente por escuchar y anular. Le
agradecemos la decisión”.
Además, anunció que el voto resolutivo que anunciaba
movilizaciones, quedó sin efecto.
El activista alteño Roberto de la Cruz también utilizó las
redes sociales para saludar lo que él considera como “derrota” del MAS y dijo
que se debe estar alertas porque el oficialismo demostró que da un paso atrás
para tomar impulso e imponer la ley “entre gallos y medianoche”.
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, señaló que la
concertación debió realizarse antes de aprobar la ley en una instancia
legislativa.
Control político
El exvicepresidente Álvaro García Linera apoyó la aprobación
de esta norma y consideró que los “gobiernos populares” deben afectar a los
sectores que conspiran, revisando sus impuestos, propiedades y cuentas
bancarias, desde la administración del poder.
Quien fuera hombre fuerte de Evo Morales sugiere mantener
una “convivencia táctica y de desplazamiento” con los sectores del empresariado
privado, para luego, desde el Estado, rebasarlos, y llegar a la posibilidad de
la “democratización de esa riqueza”
En una entrevista con ‘Jacobin América Latina’, en la que
fue presentado en la nota como “uno de los más destacados intelectuales
latinoamericanos”, la exautoridad señaló: “No puedes simplemente contemplar, o
asumir la actitud de dejarlos seguir con su conspiración. Revisa sus impuestos,
mira sus propiedades, sus cuentas bancarias, tienes un menú de opciones de gobierno
con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones”.
En dicha conversación, en la que volvió a repasar los hechos
registrados en Bolivia en 2019, García Linera acusa a los empresarios de haber
sobornado a oficiales y mandos medios de la Policía Boliviana y las Fuerzas
Armadas (FFAA), para sumarse al “golpe de Estado”.
El expresidente Quiroga calificó como “sincericidio tonto”
las declaraciones de Álvaro García Linera, quien horas antes de que se anuncie
el retiro del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas,
explicó «la intención castrista-comunistoide del MAS». «Baldor es malo en
matemáticas, peor en política», ironizó Quiroga.
Por su parte, Carlos Mesa, tras esa declaración, afirmó
también que quedó en evidencia que el proyecto de ley de legitimación de
ganancias ilícitas no tiene el objetivo de combatir el enriquecimiento ilícito.
“Se creó como forma de persecución, chantaje y exacción contra quienes piensen
diferente y se nieguen a ser sometidos. La receta la da Álvaro García, Arce
obedece y la Asamblea Legislativa ejecuta”. Puso el hashtag “no más abuso”.