La reaparición de casi 190 expedientes de procesos disciplinarios contra jueces y funcionarios judiciales, desaparecidos hace un mes del Consejo de la Magistratura, es el último de una serie de episodios que evidencian el descalabro de la administración de la justicia en Bolivia, mientras el ministerio del sector ejecuta su tercer intento de reformarla.

Este episodio está ligado a otros de similar carácter, como la destitución, decidida por una Sala Constitucional de La Paz, de dos consejeros de la magistratura elegidos por voto popular, que habían sido denunciados por nepotismo. La decisión del tribunal paceño respondía a una acción interpuesta por una dependencia del Ministerio de Justicia. Eso ocurrió a fines del mes de julio.

Nueve semanas después, el 10 de septiembre, funcionarios del Consejo de la Magistratura constataron la desaparición de centenares de expedientes de procesos disciplinarios que estaban a cargo de los consejeros destituidos.

“No existen, no podemos encontrar los expedientes que datan de las gestiones 2018, 2019, 2020 y 2021. Son casi 200 que no sabemos dónde están”, constataba entonces el consejero que reemplaza a uno de los despedidos.

Y anteayer aparecieron. “De a poco, exfuncionarios dependientes de ambos exconsejeros (los destituidos en julio) habían ido entregando a la unidad de coordinación de régimen disciplinario, devolviendo la mayoría de estos expedientes”, informaba el presidente del Consejo de la Magistratura. “Incluso algunos expedientes han sido dejados en las sillas, en los despachos, en los escritorios de algunos servidores públicos”, agregaba el consejero que había informado de su desaparición, en septiembre.

Eso ocurrió en un edificio que tiene custodia policial las 24 horas del día y que alberga “la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión”.

El Consejo de la Magistratura no es la única alta instancia judicial de donde desaparecen documentos.

A principios de mayo de este año, el presidente del Tribunal Constitucional negaba la existencia de una sentencia dictada el 11 de marzo declarando inconstitucionales los juicios en rebeldía. “En absoluto, no existe nada por parte del TCP que hubiera determinado algo sobre los juicios en rebeldía”, afirmaba esa alta autoridad judicial, contradiciendo al Ministro de Justicia, quien había anunciado, el 29 de marzo, que “el TCP ha declarado inconstitucional el juicio en rebeldía, ya no hay más juicio en rebeldía ni en ausencia”.

Éstos no son los únicos casos que evidencian la urgente necesidad de una reforma seria al sistema judicial, cuyo deterioro refleja el de las instituciones del Estado.