Medio: Opinión
Fecha de la publicación: viernes 15 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
El Gobierno cedió a las presiones de diferentes sectores y
retiró el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento
al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva o no Convencionales.
De esta manera, se aplacaron las protestas de diferentes
sectores, incluso el paro de 48 horas previsto para la próxima semana y desde
la oposición ven la decisión como un ‘triunfo’.
El rechazo fue porque la norma era considerada como
atentatoria contra la libertad de expresión y que le da "poderes
extraordinarios" a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de
investigar sus cuentas.
Sin embargo, todavía sigue la alerta por la Ley 1386, del 16
de agosto, sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de
Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
El jefe de Bancada de Creemos en la Cámara Baja, Erwin
Bazán, citado por Innovapress, sugirió que se pueda abrogar, debido a que
complementaba con la polémica norma. A su vez pidió no levantar la guardia en
espera del retiro oficial de la Asamblea.
En la misma línea se pronunciaron los gremiales,
transportistas, carniceros y panaderos.
LA SITUACIÓN
El presidente de la Asamblea Legislativa, Andrónico
Rodríguez, anunció que en la próxima sesión se oficializará el retiro de la
norma.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó
ayer en la tarde, a poco de vencerse el plazo que dieron diferentes sectores
para la anulación de la ley, que el Gobierno decidió retirar el proyecto “para
evitar que la oposición política continúe usando ese tema como pretexto para
desestabilizar y generar violencia y confrontación entre el pueblo”.
Recordó que el miedo a la normativa fue generado por la
desinformación generada por algunos grupos y políticos que buscan
desestabilizar el país de manera permanente. Dijo que para ello aprovecharon,
incluso, fallas en la socialización gubernamental del objetivo del instrumento
legal para instalar el temor infundado.
La titular de la Presidencia manifestó que los grupos y los
políticos involucrados usaron este tema como una excusa para buscar, en el
fondo, la impunidad por sus acciones durante los conflictos de 2019.
También explicó que el proyecto tenía el objetivo de hacer
el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), como un compromiso para cumplir estándares mundiales
sobre la lucha firme contra el lavado de activos, el financiamiento al
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
REACCIONES
"Gana Bolivia y pierden los autoritarios, los
violadores de derechos humanos y los que creen que el pueblo no sabe
defenderse. Vienen batallas por la justicia y la democracia. Ahí estaremos
porque unidos lo podemos todo", escribió el expresidente Carlos Mesa, líder
de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora del país.
En tanto el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis
Fernando Camacho, sostuvo que es un "nuevo triunfo del pueblo
boliviano".
"El pueblo boliviano movilizado obligó al gobierno de
Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo.
Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y
despojado de sus bienes", escribió.
Por su parte, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa
Cruz, grupo que lideró el paro del lunes pasado, agradeció al pueblo boliviano
que salga a las calles a pronunciarse para hacer conocer su
"malestar" al Gobierno.
Para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, la decisión es un
“estruendoso fracaso de intento MASistas de criminalizar la informalidad,
expropiar pequeña propiedad y convertir nuestra sociedad en delatores del
prójimo”.
A su turno, el jefe de bancada de CC en la Cámara de
Diputados, Carlos Alarcón, aseguró que es un “duro revés” para el Gobierno que
pretendía conculcar los derechos y garantías ciudadanas.