No es muy probable que el Gobierno de Luis Arce coordine con las goleadas con la Verde, pero les salió de cine. En las portadas de hoy habrá más fotos de la Verde victoriosa que de María Nela Prada, la silenciosa ministra de la Presidencia, comunicando la retirada de la Ley contra las Ganancias Ilícitas propuesta por el ejecutivo.

La decisión llega tres días después de un paro cívico muy ligero y concentrado en Santa Cruz, pero advirtiendo el progresivo rechazo detectado entre las propias bases del Movimiento Al Socialismo: gremiales, mineros cooperativistas, pastores evangélicos, cocaleros, transportistas, empresarios e incluso creativos constructores de cholets como advirtió la alcaldesa alteña Eva Copa.

Hay analistas que defienden la decisión apelando con argumentos tan peregrinos como evitar la violencia que en principio nadie había declarado, o a la “desinformación”, como Susana Bejarano “Retiraron el proyecto de Ley de ganancias ilícitas debido a la desinformación alrededor de la misma”, que no deja de ser una curiosa apreciación. Otros más creativos como Carlos Saavedra hablaron de la necesidad de dialogar, a toro pasado: “Hay una concepción falo céntrica en la política; si cedo para generar diálogo en algo soy un derrotado, si me empecino y llego hasta las últimas consecuencias soy “macho”. Retirar el proyecto de ley de ganancias ilícitas es atinado y estratégico; debe dejar enseñanzas al Gobierno”.

Nunca va a quedar claro qué reacción esperaba María Nela Prada, pero la oposición festejó como victoria del paro cívico. Porque al final, la efectividad de un paro no se mide en la cantidad de gente que se moviliza, sino en si el Gobierno toma en cuenta el reclamo, o no. Y en este caso, la Ley ha caído, para goce de aquellos que ocultan sus ingresos sin necesidad de sociedades offshore.

La oposición celebró como propia la victoria, obviamente. Luis Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz y padre espiritual del paro, aunque inicialmente tenía que darse en el contexto de su declaración en la Fiscalía, lo resumió así: “El pueblo boliviano movilizado obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo. Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes. Este fue un intento más del masismo por avanzar en su proyecto de control totalitario, pero la ciudadanía y los sectores populares unidos en toda Bolivia supieron oponerse con firmeza y derrotar ese intento de radicalizar más el autoritarismo masista”.

Comunidad Ciudadana también se apresuró a anotarse el tanto: “Gana Bolivia y pierden los autoritarios, los violadores de DDHH y los que creen que el pueblo no sabe defenderse. Vienen batallas por la justicia y la democracia. Ahí estaremos porque unidos lo podemos todo” sentenció Carlos Mesa.

También Eva Copa sumó comentarios: ““Desde #ElAlto saludamos la decisión gubernamental de retirar el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Esta determinación ratifica que toda Ley debe ser socializada y consensuada con las organizaciones sociales y el pueblo” y algunos otros de los políticos más temerosos de la propia Ley no tanto pro su presente como por su pasado.

Un escenario incierto

La cuestión es que el Gobierno del 55 por ciento se ha mostrado más vulnerable que nunca, y eso que solo en este año ya van varias recogidas de cable comparables al del gasolinazo o el código penal. Hay un tren a Arica que no funciona, una Ley del oro que no puede avanzar y ni siquiera se logró concretar una Ley para que las grandes tecnológicas paguen impuestos en Bolivia como pagan en cualquier otro lugar del mundo.

“Cae ley contra legitimación de ganancias ilícitas, víctima de la aguda polarización. Porque la polarización genera en la sociedad un ambiente de desconfianza, alta susceptibilidad y temor ante cualquier medida” señala otro experto de la comunicación social como Sergio Lea Plaza, y la sensación es que esto no ha hecho más que comenzar.

La crisis económica planea sobre Bolivia, que crece menos de lo que decreció y que no crea empleo en los términos esperados; que verá como el barril de petróleo sube pero las nominaciones se estancan; que le compran y venden intereses mineros sin cambiar el paradigma y que, además, tiene un Gobierno que no puede tomar medidas que toquen el bolsillo de nadie. Ni siquiera si se ha llenado ilícitamente.

Áñez, en la recta final por el premio Sajarov

El Gobierno tiene que empezar a desplegar una estrategia comunicacional fuerte, pues está a punto de recibir un sonoro revés: Jeanine Áñez está entre las finalistas del premio Sajarov que entrega la Unión Europea entre víctimas políticas y realmente tiene muchas opciones de ganarlo, pues compite contra Navalny, el látigo ruso de Putin, de cuyas reservas de gas depende la UE en este invierno y a quien nadie quiere molestar diplomáticamente, y la candidatura de quedar bien con las mujeres afganas, que en realidad volvería a mostrar las vergüenzas de Europa en una operación que todos quieren olvidar. Si algo le puede salvar es que la candidatura de Áñez la firma la extrema derecha de VOX. En cualquier caso,el asunto ya está sobre la mesa.