Hasta los movimientos sociales afines al MAS se pusieron en contra y el Gobierno de Luis Arce retrocedió. El oficialismo decidió retirar de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, pero esa decisión no logró bajar la tensión. Los gremiales seguirán movilizados, mientras que la presión de la COR, la Fejuve y las organizaciones alteñas fue lapidaria para el Ejecutivo.

La tarde de ayer, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, salió en conferencia de prensa. Primero expuso que “frente a los intentos fracasados, han utilizado la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas como una excusa para instalar la desinformación, como una excusa para sembrar el temor entre sectores populares del pueblo boliviano, pero nosotros venimos de sectores populares, nosotros somos un gobierno del pueblo y cumpliremos siempre en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano”.

Por lo tanto, informó que “escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones y sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirarlo y eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten”, dijo.

Pero, el máximo dirigente de los gremialistas, Francisco Figueroa, señaló que “es una conquista del pueblo, pero el gobierno tiene aprobada la ley 1386, que es la ley madre. El que acaban de retirar (proyecto de ley 218) es la que definía sanciones duras de principio a fin, y creaba comisiones. No queremos que pase lo mismo con el Código Penal, que también retiró el Gobierno, pero luego la han ido aprobando pedazo por pedazo”, aseguró.

Por ese motivo, hoy se realizará en Cochabamba un ampliado, que definirá las acciones siguientes. “Sin embargo, puedo adelantar que exigimos la abrogación de la norma madre. No vamos a bajar la guardia, nuestras protestas se mantendrán en pie hasta abrogar esa ley. Si quiere realmente paz, tendrá que cumplir nuestra demanda”, aseveró.

Los cooperativistas, transportistas y otros sectores irán en los próximos días a asambleas para analizar el tema a fondo, pero también manifestaron su desconfianza y que estarán atentos a que se elimine cualquier resquicio de esta ley aprobada en el Senado.

El gobernador de Santa Cruz y líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, celebró el anuncio y lo calificó como un “nuevo triunfo para el pueblo que obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo. Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes”, escribió en su muro de Facebook.

Anticipó, también, que “vendrán nuevas luchas, pero siempre triunfará la democracia por sobre el autoritarismo”.

Desde la Asamblea, el diputado Erwin Bazán (Creemos), señaló que las palabras se las puede llevar el viento y pidió a los sectores que no se desmovilicen, hasta que el presidente envíe una carta en la que retire la ley de forma oficial.

El expresidente Carlos Mesa, tras la conferencia de prensa de la ministra comentó: “Gana Bolivia y pierden los autoritarios, los violadores de DDHH y los que creen que el pueblo no sabe defenderse. Vienen batallas por la justicia y la democracia. Ahí estaremos porque unidos lo podemos todo”.

Mientras que el también expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó como un fracaso del MAS el intento de aprobar este proyecto que ya había vencido el filtro de la Cámara de Diputados. “Estruendoso fracaso de intento masista de criminalizar la informalidad, expropiar pequeña propiedad y convertir nuestra sociedad en ‘delatores’ del prójimo”, apuntó el exmandatario Quiroga.

Evo Morales respondió: “Los herederos de la dictadura y candidatos fracasados del neoliberalismo que masacraron al pueblo para imponer políticas económicas de EEUU, con oportunismo tratan de adjudicarse victorias que no les corresponde. Antes, ahora y siempre nuestros gobiernos escuchan al pueblo”,

La gota que rebalsó el vaso la sufrió ayer el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, cuando acudió a una reunión para debatir la norma con sectores sociales de El Alto, como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la COR, entre otras.

Tras su alocución fue duramente cuestionado, los sectores le exigieron que la norma sea anulada y amenazaron con movilizarse y tuvo que abandonar el Centro de Convenciones en medio de reclamos y gritos de “anulación” de la ley. En el encuentro estuvieron presentes la alcaldesa Eva Copa, y la directora de la UIF, Ana María Morales.

El secretario ejecutivo de la COR alteña, Marcelo Mayta, tras la decisión del Gobierno, dijo que “los alteños analizamos la ley junto a las autoridades que nos visitaron y no hemos encontrado claridad, ni serenidad sobre el tema” de la normativa.

El dirigente señaló que fue muy importante la “unificación de todas las organizaciones, porque la mayoría de los artículos afecta a los intereses de los más humildes, de los que viven al día, “cómo podemos creer que un funcionario de la UIF esté por encima de un juez o de un fiscal, no es posible”.

Lamentó que si bien se hizo el intento de socializar, “ha sido muy tarde. Por eso, agradeció al presidente por escuchar y anular. Le agradecemos la decisión”.

Además, anunció que el voto resolutivo que anunciaba movilizaciones, quedó sin efecto.

El activista alteño Roberto de la Cruz también utilizó las redes sociales para saludar lo que él considera como “derrota” del MAS y dijo que se debe estar alertas porque el oficialismo demostró que da un paso atrás para tomar impulso e imponer la ley “entre gallos y medianoche”.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, señaló que la concertación debió realizarse antes de aprobar la ley en una instancia legislativa.

Control político

El exvicepresidente Álvaro García Linera apoyó la aprobación de esta norma y consideró que los “gobiernos populares” deben afectar a los sectores que conspiran, revisando sus impuestos, propiedades y cuentas bancarias, desde la administración del poder.

Quien fuera hombre fuerte de Evo Morales sugiere mantener una “convivencia táctica y de desplazamiento” con los sectores del empresariado privado, para luego, desde el Estado, rebasarlos, y llegar a la posibilidad de la “democratización de esa riqueza”

En una entrevista con ‘Jacobin América Latina’, en la que fue presentado en la nota como “uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos”, la exautoridad señaló: “No puedes simplemente contemplar, o asumir la actitud de dejarlos seguir con su conspiración. Revisa sus impuestos, mira sus propiedades, sus cuentas bancarias, tienes un menú de opciones de gobierno con las cuales atemperar y contener ese tipo de acciones”.

En dicha conversación, en la que volvió a repasar los hechos registrados en Bolivia en 2019, García Linera acusa a los empresarios de haber sobornado a oficiales y mandos medios de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA), para sumarse al “golpe de Estado”.

El expresidente Quiroga calificó como “sincericidio tonto” las declaraciones de Álvaro García Linera, quien horas antes de que se anuncie el retiro del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, explicó «la intención castrista-comunistoide del MAS». «Baldor es malo en matemáticas, peor en política», ironizó Quiroga.

Por su parte, Carlos Mesa, tras esa declaración, afirmó también que quedó en evidencia que el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas no tiene el objetivo de combatir el enriquecimiento ilícito. “Se creó como forma de persecución, chantaje y exacción contra quienes piensen diferente y se nieguen a ser sometidos. La receta la da Álvaro García, Arce obedece y la Asamblea Legislativa ejecuta”. Puso el hashtag “no más abuso”.