El Gobierno retiró ayer la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas reconociendo que se instaló temor en la población y que hubo fallas en la socialización. Anoche, el ministro de Justicia, Iván Lima, descartó tratar, durante la gestión del presidente Luis Arce, otro proyecto de Ley de estas características, empero, los sectores movilizados ahora exigen la abrogación de la ley 1386 Contra la Legitimación. 

“No hay posibilidad de que se reponga la ley, vamos a cumplir obligaciones internacionales, pero no con una ley, ese es el acuerdo, el compromiso, que tenemos con el presidente (Luis Arce)”, afirmó Lima en entrevista con Erbol.

Más temprano, en una conferencia de prensa, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que en estas semanas sostuvieron muchas reuniones con sectores populares para explicar la norma que generó una ola de rechazo por las denuncias de vulneración de derechos constitucionales.

“Algunos políticos que buscan permanentemente la desestabilización del país han instalado la desinformación sobre el proyecto de ley (...) Han utilizado la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas como una excusa para instalar la desinformación, como una excusa para sembrar temor entre sectores populares del pueblo boliviano, pero nosotros, por supuesto, no iremos nunca en contra de los intereses del pueblo boliviano”, expresó.

Asimismo, admitió que “hubo fallas” en la socialización de este proyecto de ley y sus objetivos que “busca cumplir con estándares internacionales”, por lo que se decidió levantar su tratamiento que estaba en suspenso desde la anterior semana en la Cámara de Senadores, ante las primeras manifestaciones de rechazo por parte de diferentes sectores. 

“Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, hemos decidido retirar este proyecto de ley (…) para no dar lugar a que nos confronten, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, expresó.

NO BAJAN LOS BRAZOS

La dirigencia de los sectores movilizados por el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (218) no bajará los brazos y ahora exige la abrogación de la ley 1386, Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo que está vigente y cuyo anexo regula los lineamientos que tenía el proyecto de Ley 218.

“Han anunciado el retiro del proyecto de Ley, pero la ley madre está vigente, es la 1386, eso tienen que derogar porque ahí está toda su estrategia, entonces las cosas no han cambiado, en el ampliado vamos a debatir ese extremo y vamos a tomar medidas”, declaró el secretario ejecutivo de los gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.

Gremiales, panaderos, carniceros y transportistas ya no mencionan el proyecto, sino la Ley 1386 que está vigente y que diseña todo el trabajo que ya está realizando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

PIDEN DESAFUERO

El vicepresidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Marco Antonio Guaygua, pidió el desafuero del asambleísta departamental del MAS, José Yucra, por sus declaraciones de que “están dispuestos a matar si es necesario”. El aludido se desdijo y señaló que la frase “se le escapó” porque se refería a eliminar el racismo, odio y discriminación.

Opositores interpretan una derrota del gobierno de Arce

Figuras políticas principalmente de la oposición reaccionaron al retiro de la polémica Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y calificaron de derrota esta decisión del Gobierno frente a lo que consideran una victoria del pueblo.

Entre los políticos opositores que se pronunciaron están los expresidentes Carlos Mesa y tuto Quiroga, la senadora Andrea Barrientos (CC), el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el diputado Erwin Bazán (Creemos).    

El diputado Erwin Bazán dijo que se espera que el presidente Luis Arce envíe la carta al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que su retiro sea oficial y no simplemente un anuncio. 

Otra figura política que se pronunció, y aunque no se considera de la oposición, dado que era parte de las filas del MAS y actualmente gobierna con otra sigla, es la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien saludó la decisión apuntando a que toda ley debe ser consensuada.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lo calificó como “un nuevo triunfo del pueblo”. Considera que el masismo preveía “avanzar en su proyecto de control totalitario”.

 “Gana Bolivia y pierden los autoritarios, los violadores de DDHH y los que creen que el pueblo no sabe defenderse. Vienen batallas por la justicia y la democracia. Ahí estaremos porque unidos lo podemos todo”, escribió el expresidente Carlos Mesa en su cuenta de Twitter.

“Estruendoso fracaso de intento MASista de criminalizar la informalidad, expropiar pequeña propiedad y convertir nuestra sociedad en ‘delatores’ del prójimo. No nos da la gana ser colonia cubana, ni dictadura venezolana; seremos una #Bolivia soberana, libre y democrática”, escribió el expresidente Quiroga en el Twitter.

MAS defiende retiro de polémica ley

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez del Movimiento Al Socialismo (MAS), indicó que la decisión fue tomada de manera coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo luego de varias reuniones desarrolladas ayer.

Reclamó que la oposición tomó el rechazo a la ley como una “bandera política”, por lo que el oficialismo decidió no dar “pretexto para movilizar”.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció que en la próxima sesión de esa cámara se retirará de trámite el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas” y, con base en ese criterio, afirmó que ya no existen motivos para que los sectores sociales continúen con movilizaciones.

Asimismo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, acusó a la oposición de utilizar el miedo y la desinformación para oponerse a la ley.

El expresidente Evo Morales reaccionó contra los opositores. Les llamó “herederos de la dictadura y candidatos fracasados del neoliberalismo” y afirmó que ellos son los “perdedores” porque se quedaron sin excusa para protestar contra el Gobierno.