La Ministra de la Presidencia emitió ayer un anuncio importante: el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Lo grotesco es que Fernando Camacho salió a atribuirse esta decisión, cuando en realidad la medida gubernamental busca evitar que la derecha pretenda mimetizarse en sectores sociales y activar enfrentamientos entre bolivianos. La oposición tiene su agenda basada en defender sus intereses económicos amenazados por la norma en disputa y lograr impunidad por las masacres en el gobierno de facto, pues queda pendiente la declaración de Camacho ante la justicia para que explique su participación en el caso Golpe de Estado, luego de que su propio padre admitiera que movilizó militares y policías durante 2019, lo que finalizó con la renuncia de un presidente elegido constitucionalmente.

Además cabe recordar que en 2017 un informe de la Comisión Legislativa que investigó el caso Papeles de Panamá señala que el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho tuvo el rol de «intermediario» en el esquema offshore y que, en ese papel, podría haber favorecido el ocultamiento de fortunas, el lavado de dinero y evasión de impuestos, por lo que una ley como la que se estaba tratando lo podría perjudicar seguramente.

Sin embargo, apoyado por medios de comunicación tradicionales y la política de movilización y enfrentamiento, utilizó varias mentiras para primero hacer creer que la democracia está en riesgo, algo evidentemente falso, pues el 55% de la votación se volvió a reflejar en el imponente Wiphalazo. En segundo lugar, la estrategia de Camacho consiste en tratar de convencer al pueblo de que la Ley Contra las Ganancias Ilícitas busca perjudicar a los sectores populares, pero el fondo de la normativa es sancionar a quienes ganen dinero mediante actividades ilegales, como debiera ocurrir en cualquier país.

“Hemos decidido retirar este proyecto ley. Eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación”, aclaró la ministra María Nela Prada.

Además remarcó que el proyecto de ley tenía el objetivo de hacer el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como un compromiso para cumplir estándares mundiales sobre la lucha firme contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

“Nos ha preocupado y llamado la atención que la oposición esté manejando como pretexto la Ley Contra Ganancias Ilícitas —que ya estaba en tratamiento en la comisión— y empiece a tomar como su bandera política confundiendo y difundiendo información falsa”, opinó también el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

No es la primera vez que la oposición utiliza herramientas de información masiva y busca manipular, mediante discursos incendiarios, a la población, pero pese al revés que sufrió el lunes, aún no comprende que los bolivianos ya no caen en discursos falsos y que lo único que buscan ahora es salir adelante por el bien de sus propias familias y del país.