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Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: jueves 14 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este jueves que el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por campañas de desinformación de grupos de la derecha que buscan impunidad y generar inestabilidad en el país.
“Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, sus preocupaciones, temores hemos decidido retirar este proyecto del Ley (…) para no dar lugar en lo absoluto a la confrontación entre bolivianos, a la desestabilización, a la violencia, confrontación”, dijo Prada en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.
La autoridad lamentó que algunos políticos, que buscan desestabilización en el país, desinformen, instalen temor respecto a ley con la única intención de defender los intereses de algunos sectores de élite económica.
“Estos grupos buscan en el fondo la impunidad y como no pueden instalar (ese interés), porque el pueblo ha dado el mandato de memoria, verdad y justicia, que cumpliremos como Gobierno nacional, han utilizado esta ley como excusa para desinformar, sembrar temor entre los sectores populares del pueblo boliviano”, advirtió.
Recordó que el proyecto de ley cumple las directrices establecidas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su organismo para América Latina (Gafilat), evaluará a Bolivia en noviembre de este año para verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el organismo en materia de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El proyecto compilaba de manera ordenada y coherente las normas que están vigentes, según la exigencia de la GAFI.
