El Gobierno de Luis Arce determinó este jueves retirar el polémico proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas para no dar lugar a la «desestabilización», tras las protestas y los anuncios de varios sectores de realizar medidas de presión exigiendo precisamente su anulación.

«Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto, hemos decidido retirar este proyecto de ley», expresó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La ministra sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo que esta decisión es para «no dar lugar a la desestabilización» a la violencia y a la confrontación y además porque Arce gobierna «escuchando al pueblo boliviano».

Prada reconoció que hubo «fallas en la socialización» del proyecto de ley y ante «estas ausencias de información» sectores de la población han «instalado» temor «infundado» que, a su juicio, han sido promovidos por «grupos políticos» que buscan «impunidad».

«Frente a estos intentos fracasados, han utilizado la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas como una excusa para instalar la desinformación como una excusa para sembrar temor entre sectores populares del pueblo boliviano», sostuvo.

Varios sectores rechazaban esta norma ya que consideraban que atentaba contra la libertad de expresión y que le daba «poderes extraordinarios» a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de investigar sus cuentas.

Marchas

Este jueves la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) realizaron una caravana de vehículos en Santa Cruz en contra de la cuestionada norma.

Los agricultores se dirigieron hasta el Palacio de Justicia cruceño exigiendo que un consenso en la ley y que fuera anulada al considerar que la norma va en contra de los derechos de la población.

«Somos productores, hemos ido acumulando año tras año, haciendo patrimonio, comprando fierros, tierras y así de a poco va creciendo y entonces si algún día vamos a ser investigados nos afecta», comentó a Efe el agricultor Epifanio Surita.

Esta semana varios sectores como los gremiales, plataformas ciudadanas marcharon en contra de esa cuestionada ley, además se realizó un paro exigiendo la anulación de ese proyecto y sectores como los transportistas, panificadores, soyeros, y gremialistas, entre otros, anunciaron nuevas marchas, entre otras medidas, para la próxima semana.

Esta cuestionada norma quedó suspendida «momentáneamente» a inicios de octubre ante las dudas y observaciones de varios sectores que manifestaron su rechazo y determinaron «socializar» la norma con los mismos.

Este jueves se realizó una «socialización» con las Federaciones de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto en la que participó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en la que sus miembros cuestionaron la norma y advirtieron con unirse a los otros sectores en sus medidas de presión.

Reacciones de la oposición

«Gana Bolivia y pierden los autoritarios, los violadores de derechos humanos y los que creen que el pueblo no sabe defenderse. Vienen batallas por la justicia y la democracia. Ahí estaremos porque unidos lo podemos todo», escribió el expresidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana la principal fuerza opositora.

En tanto el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, sostuvo que es un «nuevo triunfo del pueblo boliviano».

«El pueblo boliviano movilizado obligó al gobierno de Luis Arce a retirar de la agencia legislativa otra ley autoritaria del masismo. Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes», escribió Camacho.

Por su parte, Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, grupo que lideró el paro del lunes pasado, agradeció al pueblo boliviano que salga a las calles a pronunciarse para hacer conocer su «malestar» al Gobierno.