Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: viernes 15 de octubre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El Órgano Ejecutivo
retiró ayer el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas
para evitar la confrontación alentada desde la oposición a través de una
sistemática desinformación de miedo, en busca de impunidad por la masacre de
2019, confirmó la ministra de la Presidencia María Nela Prada.
En conferencia de
prensa en la Casa Grande del Pueblo aseguró que jamás la administración del
presidente Luis Alberto Arce Catacora atentará contra los derechos e intereses
del pueblo boliviano, y que cumplirá con el mandato de memoria, verdad y
justicia hasta que los responsables intelectuales, materiales y cómplices del
asesinato de 38 personas en El Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos en
noviembre de 2019, por el régimen de facto de Jeanine Añez, paguen por sus
crímenes. Señaló que la decisión fue asumida después de una reunión con los
sectores sociales del país, ante la arremetida de la oposición para defender
intereses de un pequeño grupo de privilegiados que se resisten a justificar de
dónde tienen tanto dinero.
Explicó que el
objetivo de la norma busca cumplir con los estándares internacionales sobre la
lucha del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva, compromiso que debe ser asumido por el Estado
Plurinacional de Bolivia.
La Ministra de la
Presidencia insistió en que la derecha radical en el país, debido a sus
constantes fracasos para evitar responsabilidad por el golpe de Estado y la
masacre de 2019, promueve la confrontación y la desestabilización desinformado
sobre el objetivo del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas.
“Reconocemos que ha
habido fallas en la socialización de este proyecto de ley (…) Lamentablemente,
frente a esas ausencias de información se ha instalado en sectores de la
población boliviana un temor absolutamente infundado (que ha sido) sembrado y
promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad. En este
sentido, como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, sus
preocupaciones y sus temores con relación a este proyecto de ley, hemos
decidido retirar este proyecto de ley (…) para no dar lugar a la confrontación,
a la desestabilización y a la violencia”, sostuvo.
En ese contexto, el
secretario Ejecutivo de la Federación de Gremiales, Rodolfo Mancilla, calificó
como acertada la decisión de retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimación
de Ganancias Ilícitas porque no fue socializada oportunamente. Lamentó que “los
golpistas buscaron aprovecharse de la coyuntura”, por lo que reiteró que los
gremiales del país continúan en estado de emergencia en defensa del gobierno de
Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes.
En esa línea,
alcaldes y gobernadores saludaron la decisión del presidente Arce Catacora de
escuchar al pueblo porque muchos sectores sociales desconocen el alcance que
estaba siendo socializado por la Comisión de Constitución de la Cámara de
Senadores.
LOS ENCARGADOS DE
DESINFORMAR
El abogado y
analista Williams Bascopé Laruta; el vicepresidente de la Confederación de
Cooperativas de Bolivia, Braulio Arguedas Arancibia, y Francisco Figueroa
fueron quienes se encargaron de llevar adelante la campaña de desinformación e
infundir temor en la población por el tratamiento del proyecto de Ley Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas.
BASCOPÉ
Williams Bascopé,
abogado independiente como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue
parte del equipo técnico-jurídico del Consejo Nacional Markas del Qullasuyo
(Conamaq) y de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano
(Cidob) en la Asamblea Constituyente.
Como abogado, a
través de los medios de comunicación, aseguró que el MAS en 2019 propició un
fraude electoral y que no hubo golpe de Estado. Meses más tarde fue candidato a
primer diputado plurinominal por La Paz por la agrupación Juntos de la
expresidenta de facto Jeanine Añez.
ARGUEDAS
El vicepresidente de
la Confederación de Cooperativas de Bolivia, Braulio Arguedas Arancibia, forma
parte del directorio de Concobol como representante del transporte
cooperativizado de La Paz, nunca trabajó en interior mina y fue uno de los
principales líderes de ese sector cooperativizado contra Evo Morales y aliado
de la presidenta del régimen de facto de Jeanine Añez.
FIGUEROA
Francisco Figueroa, como dirigente gremial, fue favorecido por los gobiernos municipales de Juan del Granado, Luis Revilla y ahora de Iván Arias. A cambio promueve movilizaciones contra las políticas del Órgano Ejecutivo.