La actitud de los primeros mandatarios del Estado Plurinacional hacia la XI Marcha de indígenas de las tierras bajas es la expresión más clara del desprecio gubernamental por los bolivianos que no son afines al partido oficialista y, por lo tanto, sus legítimos reclamos carecen de validez: son bolivianos de una categoría inferior a la de aquellos que adhieren sin cuestionar a los intereses político-ideológicos del Movimiento Al Socialismo.

En efecto, más de medio millar de indígenas de 34 pueblos originarios de seis departamentos —Beni, Santa Cruz, Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz— esperan en la capital cruceña que el Presidente y el Vicepresidente los escuchen.

Muchos de ellos han caminado desde Trinidad durante 37 días, otros se han incorporado a la marcha en algún tramo del camino. Todos esperan a Arce y Choquehuanca en la capital cruceña, desde hace dos semanas.

“Hemos hecho llegar la tercera carta de invitación al gobierno nacional para que se reúna con nosotros en el nivel que corresponde y que merecemos”, decía hace una semana Marcial Fabricano, el líder indígena que encabezó esta marcha, igual que la primera, hace 21 años. Ayer, él fue internado en un hospital. “Hace tres días le venían poniendo suero, debido también al agotamiento físico, producto de la presión del momento”, explica uno de los líderes indígenas que lo acompaña.

“En 1990 le tocamos la puerta al Estado boliviano, ahora en 2021 nuevamente tocamos la puerta al Estado de Bolivia por nuestro territorio, nuestra identidad y nuestra cultura”. Quienes están detrás de esa puerta no quieren saber de sus demandas.

Demandas legítimas que comienzan por exigir el respeto de sus territorios y su cultura, amenazados por los avasallamientos —cada vez con mayor violencia— de los interculturales afines al MAS.

Piden también la creación de un fondo indígena, la derogación de normas que afectan su hábitat, la atención en salud y educación, la aprobación de una nueva ley de Amazonía, y otros aspectos referidos a sus condiciones de vida.

Ninguno de esos reclamos llama la atención del Gobierno. Es más, entre ellos, hay temas que van en sentido contrario a los intereses oficialistas. Como las actividades mineras en áreas protegidas autorizadas por las autoridades estatales en franco desacato de las leyes. La reciente adjudicación, a la Empresa Minera Coboldrom SRL, de 1.625 hectáreas en la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas —territorio tacana en entre los departamentos de La Paz y Beni— es un ejemplo de esos intereses divergentes que convierten a los indígenas de los llanos en ciudadanos de segunda categoría.

Es claro que ellos no son parte del “pueblo” al que se refería anteayer el Presidente.