El fiscal departamental de La Paz, William Alave, ratificó este miércoles el requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de cinco exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el caso de supuestos delitos electorales registrados durante los comicios generales de 2019 y dispuso el cierre del caso.

“Ratificar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento Nº 06/2021 de fecha 27 de julio de 2021, dictado por los fiscales de Materia Leticia Muñoz Daza, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Eddy Junior Flores Quispe y Manuel Saavedra Saavedra (…). Asimismo, dispone la conclusión del proceso con relación a los citados imputados, la cesación de las medidas cautelares que se les hubiese impuesto siempre y cuando no hayan sido cesadas y la cancelación de sus antecedentes penales”, menciona el documento oficial del caso.

La resolución fue emitida a favor de María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero, quienes estaban sindicados por la comisión de los delitos de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros.

La determinación judicial beneficia también a Windsor Joaquín Saire Quipildor, José Antonio Pardo Álvarez, Wilson Rodríguez Vinaya y Abimael Jhonatan Machicao Jiménez, Lidia Iriarte Torrez y Sergio Daniel Martínez Beltrán.

La decisión judicial fue notificada por medio de la resolución FDLP/WEAL/S – Nº 326/2021, del 11 de octubre de 2021, que resuelve una impugnación al requerimiento conclusivo de sobreseimiento Nº 06/2021, de fecha 27 de julio de 2021, dictado por los fiscales de materia Leticia Muñoz Daza, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Eddy Junior Flores Quispe y Manuel Saavedra Saavedra.

El exvocal Ildefonso Mamani Romero dijo a Radio Panamericana que la ratificación del sobreseimiento de las exautoridades del TSE demuestra que no existió delito alguno en las elecciones generales de 2019.

Dijo que el caso se trató de una persecución judicial “absolutamente política”, porque se desconocieron todos los derechos y las garantías constitucionales de los exvocales del TSE que fueron imputados. “Hay mucha materia, mucho elemento justiciable, que corrobora la transparencia de las elecciones de 2019”, aseveró.

La exautoridad electoral recordó que la transparencia de los comicios generales de 2019 fue ratificada con pericias realizadas por la Policía Boliviana e informes oficiales de la empresa Neotec y la compañía Ethical Hacking, así como de investigadores y técnicos internacionales independientes e incluso la Universidad de Salamanca de España.