El proceso de verificación de las actas observadas de las elecciones anuladas de 2019, encarado por la Procuraduría General del Estado, fue cuestionado por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, quien presentó una petición de informe escrito para conocer cuáles son las bases jurídicas para atribuirse el trabajo.

Según el legislador opositor, ni la Constitución Política del Estado, ni la Ley de la Procuraduría General del Estado, disponen atribuciones expresas para que el despacho de Wilfredo Chávez pueda realizar un análisis en material electoral de un proceso electoral.

“Queremos saber cuál es la posición jurídica del Procurador con relación a la Ley 1266 del Régimen Excepcional, con la que se llamó a alecciones de 2019, producto del fraude electoral cometido por su cliente (Evo) Morales. Que se dediquen a trabajar, que dejen de confundir a la población y eviten generar escenarios de conflictos”, afirmó.

En la Petición de Informe Escrito (PIE) se pide a Chávez que responda cuál es la base legal, financiamiento y metodología científica para efectuar el recuento y análisis de las actas observadas de 2019.

Según Pedrazas, un “recuento” de actas no tiene validez jurídica e instó a que se dedique a cumplir las funciones que le corresponden en la defensa del Estad en procesos de arbitrajes internacionales.

Chávez afirmó que el proceso verificación “acta por acta” se realiza para establecer si hubo o no un fraude electoral como se denunció en su momento y aseguró que se encuentra entre sus competencias realizar este tipo de labores.