El Movimiento Al Socialismo (MAS) señala que la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales debe ser aprobada hasta el 15 de noviembre, debido a que en esa fecha llegará al país una comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones que realizó ese organismo.

La presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, dijo que ese es el plazo para contar con la norma, que es objeto de serios cuestionamientos en el país y cuyo texto es socializado con diferentes sectores en los nueve departamentos.

En entrevista con EL DEBER, la legisladora dijo que representantes de tres países arribarán a Bolivia para constatar el cumplimiento de las sugerencias realizadas en la anterior evaluación y que, de no evidenciar avances, el país podría ingresar nuevamente a la “lista negra” de ese organismo.

“Si algún sector fundamenta de manera sólida (sus observaciones), vamos a modificar el proyecto. Estoy preocupada por el cumplimiento de las observaciones de la GAFI, para que Bolivia no ingrese a la lista negra porque la evaluación será el 15 de noviembre”, dijo Velasco en contacto telefónico.

El proyecto:

Hasta el momento esta instancia de la Asamblea tuvo reuniones con más de 10 sectores de La Paz, El Alto y Oruro, contemplando encuentros similares en Tarija y el resto del país. De unos 11 artículos observados, cuatro son los más cuestionados y se plantea su modificación.

“Tendríamos que aprobar hasta esa fecha, porque hasta el 25 de octubre será la socialización, luego habrá un análisis de bancada, con el presidente del Senado y vamos a entregar los resultados de la socialización con los diferentes sectores, después se retomará el tratamiento de la ley”, agregó la senadora.

Los puntos más objetados del documento son el 11, que hace referencia a la exención de la confidencialidad; el 17, sobre las personas a las que afecta la disposición; el 18 referido al “deber de informar”; y el 22 sobre la tarea de investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Si Bolivia reingresa a la 'lista negra' del organismo internacional, implicaría perjuicios como la erogación de mayores costos a los bancos corresponsales de las entidades financieras del país para las transferencias al extranjero, entre otras limitaciones, según se advirtió.

“Es totalmente falso, cómo pueden decir que esta es copia de una ley de Venezuela, no pueden mentir, somos totalmente dignos y vamos a seguir socializando para ver si hay que modificar”, agregó la legisladora Velasco sobre denuncias que comparan el texto con uno que aplica el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.