El exdelegado del MAS ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los comicios generales de 2020 y ahora procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, intenta desvirtuar la existencia de un fraude en las fallidas elecciones de 2019, como denunció la misión de observadores de la OEA y que provocó la renuncia y salida del país del entonces presidente Evo Morales. El actual funcionario también fue abogado personal del exmandatario.

La tarea asumida desde el lunes por Chávez es cuestionada por un exvocal del TSE, un abogado especialista en asuntos electorales y un abogado constitucionalista porque está fuera de sus competencias. Incluso, coinciden en que el procurador incurre en los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones por iniciar con unos 43 estudiantes universitarios la revisión de 35.000 actas de las elecciones fallidas de 2019.

Este medio solicitó un criterio del procurador Chávez sobre este tema, pero desde su despacho hicieron conocer que no se pronunciaría al respecto.

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ramiro Paredes advirtió que el resultado de esa tarea no tendrá efecto legal porque la Ley de Régimen Electoral (Ley 026) establece que todo proceso se rige bajo el principio de preclusión y, en ese marco, este proceso ya feneció. Asimismo, dijo que por ese principio, el resultado que se encuentre en esta “revisión” no tendrá efecto legal alguno. También recordó que cualquier ciudadano puede pedir o realizar la revisión de actas, pero en el caso del procurador es distinto porque es un funcionario público que tiene una tarea específica que cumplir”.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé señaló que esa es una atribución exclusiva del TSE. “La función del procurador es defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, en el marco de la Constitución y la ley, como establece el artículo 232 de la Constitución”.

Complementó que incurre en dos delitos “como la usurpación de funciones y también incumplimiento de deberes, porque no es su función el conteo de votos”.

Por su parte, el abogado especialista en asuntos electorales, Paul Antonio Coca, también descalificó esta tarea que inició el procurador Chávez y dijo que es un “show”. “No está en sus atribuciones y la ley de la Procuraduría no establece estas facultades. Esta dependencia estatal tiene en sus filas a un ejército de abogados que tienen otras funciones, definitivamente, es un show, una aberración política, están usurpando funciones” alertó el profesional.

En criterio de Coca, la Procuraduría General del Estado debería ampararse en el veredicto emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que señala que la reelección indefinida no es un derecho humano, como adujo Morales y el MAS, para organizar un referéndum, en febrero de 2016, y participar en las elecciones primarias y en las generales de 2019 en las que el Estado boliviano destino millonarias sumas de dinero para su organización. A decir de Coca, ahí debe apuntar la Procuraduría General del Estado.