El presidente Luis Arce no quiso darse tiempo para atender a la marcha indígena que caminó 37 días bajo el sol, pero ayer asistió a concentraciones en Cochabamba y más tarde en Santa Cruz, denominadas ‘wiphalazo’, donde tuvo expresiones desproporcionadas frente al momento crítico que afronta su Gobierno por la oposición generalizada a la ley contra ganancias ilícitas.

Arce atribuyó el paro del día lunes al movimiento cívico, otorgándole un crédito que ellos no se ganaron en una jornada donde los protagonistas de la protesta fueron los gremialistas, los transportistas y los cooperativistas mineros. Los cívicos se sumaron a un paro que ya estaba en marcha, que no era de ellos, y tampoco tuvieron mayor peso en las protestas.

De hecho, lo más fuerte de la jornada del lunes, además del paro casi total de Santa Cruz, fue el emplazamiento de los gremiales que dieron tres días al Gobierno para dejar sin efecto la cuestionada ley, bajo amenaza de que, si no lo hacen, la próxima semana irían a un paro de 48 horas.

Y también fuertes fueron las expresiones de Braulio Arguedas, dirigente de los mineros cooperativistas, quien desafió al Gobierno a encontrarse en las calles “a ver quién gana”, si no se hacen las leyes en consenso con los sectores.

El dirigente también demandó al Gobierno elaborar una ley específica para que los cocaleros paguen impuestos “y se les arrebate las fortunas que mantienen de forma ilegal por el narcotráfico”.

Ayer, Arce acusó con airados adjetivos a la derecha y la llamó asesina, golpista, fascista; dijo que lo que no pudieron ganar en las urnas quieren hacerlo a través de grupos mafiosos y criminales, y que hará respetar su Gobierno en las calles.

Que se sepa, ningún sector ha pedido ni su renuncia ni quiere sacar a Arce del poder, lo que existe es un descontento con una ley que quiere introducir respaldos legales para vulnerar los derechos ciudadanos, hacerlos sujetos de persecución política y que amenaza la propiedad privada.

En cambio, el llamado a “hacer respetar al Gobierno en las calles” puede ser interpretado como una convocatoria a la confrontación: el lenguaje de las calles, si tiene uno, es el del enfrentamiento de unos contra otros.

Que lo afirme un dirigente sindical, sería normal, pero que lo diga el presidente del Estado es algo demasiado delicado, porque la misión de un primer mandatario de un país no es confrontar a los ciudadanos, en este caso los bolivianos, sino todo lo contrario, es buscar la unidad de ellos. Luis Arce es el presidente de todos los bolivianos, y no solamente de los cocaleros o de los afines al MAS.

Pero, además, llegado el caso del absurdo de un país que decidiera salir a las calles a confrontarse a pedido de su presidente, el caso boliviano podría derivar en una escalada de violencia sin límites porque uno de los bandos tendría a las Fuerzas Armadas y a la Policía de su lado. ¿Está llamando el presidente Arce a su militancia a salir a las calles acompañada de la Policía como ha ocurrido en el conflicto de Adepcoca en La Paz y en las protestas del lunes en Santa Cruz para librar una batalla desigual y desproporcionada contra quienes piensan diferente? Si no es así, ¿qué quiso decir Arce con aquello de “hacerse respetar en las calles”?

A la siniestra de Arce, en el acto de Cochabamba, estaba Evo Morales, a quien muchos consideran que es el verdadero dueño del poder político actual en el país. Daría la impresión de que, con Morales al lado, Arce tuviera una necesidad de demostrar mayor radicalismo del que tiene para contentar a su jefe. Lo que ayer dijo no es poca cosa, y amerita cuando menos una aclaración.