La interpelación a los ministros de Justicia y de Minería por el pago de más de 42 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax terminó tal cual se había previsto: con un voto de confianza a los interpelados y el consabido aplauso por parte de los parlamentarios oficialistas que, para colmo, ya había sido anunciado.

Por ello, la única novedad del acto interpelatorio fue la presencia del expresidente Carlos Mesa al que los ministros endilgaron toda la responsabilidad en el referido pago y, por tanto, dieron pie a suponer que el verdadero objetivo del movimiento en torno al caso Quiborax es el enjuiciamiento de aquel con el claro propósito de anularlo como un potencial candidato presidencial en las próximas elecciones generales.

Y no solo las acusaciones de los ministros están orientadas en ese sentido sino la conducta corporativa que el Movimiento Al Socialismo (MAS) desarrolla en torno a Mesa. El expresidente se ha convertido en uno de los principales blancos de los autodenominados “guerreros digitales” que, en su ya característico estilo falto de ortografía, no cesan de dedicarle memes con el claro objetivo de desacreditarlo.

Es más que obvio que el MAS le teme a Mesa. Eso se pudo advertir ayer, cuando el aludido llegó hasta el edificio del Congreso y, de inicio, los policías no le dejaron pasar a las tribunas del hemiciclo, a escuchar la interpelación. Para hacerlo, primero le hicieron esperar diciéndole que consultarían si podía pasar. El hecho es más que insólito si se toma en cuenta que un acto interpelatorio es público y, por ello, puede ser presenciado por cualquier persona. Pero la conducta corporativa del MAS deja entrever que, para ese partido, Carlos Mesa no es cualquier persona. Por lo menos por ahora, lo ven como el único candidato que podría hacer frente a una (ilegal) repostulación del presidente así que están viendo la manera de anularlo.

Y la mejor forma de anularlo es a través de un proceso, sea este penal o especial, como un juicio de responsabilidades. Después de todo, ese es el procedimiento que se utilizó con otros líderes políticos que, como publicamos en este espacio el 26 de junio, actualmente enfrentan más de 150 procesos de diversa índole. Entre los procesados están Leopoldo Fernández, Jorge Quiroga, Rubén Costas, Juan del Granado, Ernesto Suárez, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Luis Revilla.

Para Mesa solo se buscaba un pretexto y Quiborax parecía el más indicado ya que, por una parte, se identificó omisiones legales en la reversión de las concesiones de esa empresa chilena, que fueron las que dieron lugar al proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), y, por otra, se creía que la indignación por el monto pagado crearía una reacción adversa contra Mesa. Ya en el terreno de la especulación, el juicio sería una cortina de humo para tapar a quienes se habrían beneficiado directamente con los pagos a los que dio lugar el fallo del Ciadi.

Si de verdad se busca castigar al o los responsables del fallo adverso del Ciadi, que supuestamente obligó al estado boliviano a pagar 42,6 millones de dólares a Quiborax, no debió fijarse la mirada simplemente en el gobierno de Mesa sino ir hasta el origen mismo del conflicto.

En fecha 28 de junio, en este mismo espacio dijimos que el origen de este conflicto está en la Ley 1854, que redujo la reserva fiscal del Salar de Uyuni, porque eso permitió que la Quiborax obtenga concesiones en el área anteriormente reservada. Tres días después identificamos al exministro y exsenador Gonzalo Valda como el autor intelectual de esa ley. Sin embargo, eso al MAS no le importa. Su objetivo es anular a sus adversarios políticos y obviamente Valda no es uno de ellos.