Un día después del paro cívico nacional, convocado por gremios y plataformas ciudadanas rechazando la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, fue el turno del Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) que mostraron su poder de convocatoria en un multitudinario “wiphalazo” que se realizó ayer en diferentes regiones del país, en medio de discursos encendidos y advertencias.

La tensión política continúa y rige el plazo de 72 horas que dieron los gremiales cruceños y los choferes alteños para anular la norma mientras para hoy el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) convoca a una reunión para planificar un nuevo paro, esta vez de 48 horas.

El “desagravio” a la wiphala se debe a que, en septiembre, en los actos de conmemoración por los 211 años de libertad de Santa Cruz, una bandera indígena fue retirada por la Gobernación de esa región.

Los actos oficialistas se replicaron en todo el país, liderados por el presidente Luis Arce y otras autoridades, principalmente en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. 

Como si se tratara de un mitín electoral, según reportó EFE, el Primer Mandatario llegó a la sede del Ejecutivo, donde fue recibido con cánticos de “Lucho, Lucho” y arremetió contra el paro cívico y a la “derecha golpista, asesina y antidemocrática”.

En Oruro, se presentó el vicepresidente, David Choquehuanca, y remarcó que el pueblo boliviano debe sentir orgullo por su cultura y luchar para lograr consolidar la unidad del país.

Recordó que el 12 de octubre de 1492 llegó “la oscuridad, división, odio y racismo al continente”, por lo que la marcha de las organizaciones sociales de ayer, en el que se recordó el Día de la Descolonización, demanda respeto a los símbolos nacionales y a los valores ancestrales.

“Es un día histórico, no solo para Bolivia, sino para nuestro continente. Somos de la cultura de la unidad, hermandad y armonía; no del enfrentamiento y división. Por eso, levantamos nuestra wiphala y exigimos respeto a nuestros símbolos nacionales y a las leyes”, resaltó.

La Central Obrera Boliviana (COB), junto a los movimientos sociales reunidos en Santa Cruz, exigió el respeto a la democracia, al voto popular y a la wiphala, además de pedir justicia para los masacrados durante los conflictos de 2019 y advirtió que no permitirá “más golpes ni desestabilización”.

TENSIÓN

Al finalizar la tarde, llegó a Santa Cruz, la región que fue el principal foco de tensión entre el Gobierno y el gobernador y líder opositor, Luis Fernando Camacho. Inició su discurso dando cifras de su triunfo en las elecciones y citando algunos indicadores de cómo hace un año recibió a un país en recesión.

Previo al acto, Camacho calificó de “show político” los actos oficialistas, sin embargo, garantizó el respeto a la manifestación. 

Más tarde, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, cuestionó las concentraciones y tildó de “malagradecidos” y “cuervos” a quienes participaron en la región oriental de la concentración.

“Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, sentenció al advertir que se busca “provocar” a todas las regiones e imponer esa enseña patria en Santa Cruz como una “falta de respeto”.

“Con esa ley las cosas van a cambiar y ya no va a haber un pueblo agradecido ni un pueblo que respalde todas esas cosas que ustedes están haciendo en contra de los cruceños, en contra de la tierra que le da de comer, no sean cuervos, la zanja que existe entre oriente y occidente, eso es lo que están buscando”, dijo en declaraciones a Gigavisión.

El ministro de Justicia, Iván Lima, en su cuenta de Twitter se refirió a sus declaraciones con respecto a la wiphala.

“Es algo inaceptable. Hay que explicarle al señor (Rómulo) Calvo que los símbolos patrios representan a la unidad del pueblo boliviano”, escribió.

Desde la Defensoría emitieron un comunicado donde expresaron con preocupación que se busque atribuir el uso de la wiphala como bandera partidaria “cuestionando su origen, ancestralidad y simbolismo, para asumir un discurso discriminador y racista, orientado a descalificarla”.

PLAZOS

Luego de los gremiales cruceños, los choferes alteños se sumaron al plazo de 72 horas al Gobierno para anular la polémica ley y advirtieron con un paro.

La Federación Andina de Choferes de El Alto se declaró en estado de emergencia. Su dirigente Víctor Tarqui anunció bloqueos en las diferentes calles de la ciudad.

Entre tanto, el Conade convocó a una reunión para hoy con el objetivo de planificar un nuevo paro de 48 horas en contra de algunas decisiones del Gobierno.

“Reunión del bloque de Unidad para planificar el paro de 48 horas. Presencial La Paz, virtual reunión ampliada a nivel nacional con los Conades filiales y otras organizaciones invitadas y que se adhieran para luchar de forma efectiva por la democracia contra el autoritarismo (sic)”, informó Manuel Morales, representante del Conade, a través de su cuenta de Twitter.

Según la convocatoria, habrá una reunión presencial en oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y en la noche una “reunión ampliada” en el Zoom.

Los tres puntos de la convocatoria son la evaluación del paro del 11 de octubre; la planificación de un paro movilizado de 48 horas convocado por los gremiales; y temas varios.

Apuntes

• La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que no acató el paro convocado por los cívicos y no participó en el “wiphalazo” porque los ciudadanos de su ciudad viven del día a día del comercio informal y necesitan trabajar y no se debe contrarrestar fuerza con fuerza, sino que “este tipo de cosas se deben resolver con el diálogo” porque los alteños están cansados de la violencia y los conflictos.

Dijo también que los dueños de “cholets” están preocupados por la intención del Legislativo de dar luz verde a la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, lo que provocaría el congelamiento de sus cuentas.

• El abogado de las Iglesias Evangélicas, Ramiro Carrillo, denunció, según Urgente.bo, que el sector fue excluído de la socialización del proyecto de ley y dijo que incluso un senador del MAS le quitó el micrófono y lo trató de golpista cuando expuso sus observaciones en Oruro.

• El constitucionalista Williams Bascopé observó el uso de dos términos en la ley: uno es de “otros” y el de “presuntamente”, los cuales generan susceptibilidad. Explicó que la redacción debe ser modificada, ya que tal como está lleva a distintas interpretaciones. 

• La diputada Gladys Quispe (MAS) sostuvo que la normativa que regula la es aplicada en todo el mundo porque se trata de luchar contra esa actividad irregular, como también contra el lavado de dinero.

• El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó que el paro “ilegal y político”, efectuado el lunes por convocatoria de cívicos y políticos de oposición, ocasionó una pérdida de más de Bs 2.2 millones al sector de transporte aéreo. Indicó que en un día normal se transporta alrededor de 4.703 pasajeros, pero el lunes se movilizó 1.999 personas, lo que significa “una diferencia abismal” que afecta a la reactivación económica que el Gobierno y la población boliviana encaran con esfuerzo.