No todos están en la misma sintonía, pero lanzan la advertencia: realizar un nuevo paro en caso de que el proyecto de ley contra ganancias ilícitas no sea anulado. Los cooperativistas mineros y el transporte público de El Alto se suman al pedido y afirman que harán sus propias movilizaciones sin unirse a los cívicos. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se reúne hoy para analizar nuevas medidas contra la iniciativa legislativa. El Gobierno no cede e insiste en que ‘socializará’ la normativa.

La Federación Andina de Choferes de El Alto se declaró ayer en estado de emergencia en rechazo al proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. El ejecutivo del sector, Víctor Tarqui, advirtió con un “paro contundente” y dio un plazo de 72 horas para la anulación de la iniciativa. Incluso, el dirigente adelantó que saldrán a bloquear las principales calles de la urbe alteña.

“Nos hemos declarado hoy (ayer) en emergencia rechazando contundentemente este anteproyecto de ley porque es totalmente atentatorio. Ya existen leyes contra los narcotraficantes y contra el lavado de dinero, absolutamente todas las leyes y no nos pueden engañar”, sostuvo Tarqui.

Medidas de El Alto

El Alto, a pesar de no acatar el paro del pasado lunes, suma sectores que están en contra de la iniciativa legislativa. Tarqui dijo que no coordinarán con el Conade ni los cívicos de Santa Cruz para realizar sus medidas de presión.

Los gremiales de El Alto también se alejan de los cívicos cruceños y se suman a la advertencia de los choferes. Antonio Siñani, dirigente gremial alteño, pidió a la confederación nacional no coordinar con el movimiento cívico las acciones que realizarán.

“Este fue un paro de los gremiales. Aquí se ha interpretado mal, diciendo que los Comités Cívicos nos iban a manejar. Aquí, en la ciudad de La Paz, los hemos botado a los cívicos porque no se pueden meter en algo que nos les está afectando; ese proyecto de ley afecta a los gremiales, a los choferes, a los carpinteros y todos los demás”, afirmó Siñani.

Los cooperativistas mineros también se sumaron al rechazo de este proyecto de norma. El presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas, señaló que su sector decidió apoyar al Movimiento Al Socialismo (MAS), pero ahora -dijo- el Ejecutivo incumple los acuerdos que firmaron.

“Ya conocen cuando los cooperativistas asumen acciones, lo sabe bien el señor Evo Morales y el señor Luis Arce”, advirtió Arguedas, quien también anunció que su sector asumirá medidas de presión en caso de que la iniciativa no sea anulada en el Legislativo.

El Gobierno anunció que no cederá y que seguirá en la socialización de la norma. La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, consideró que la desinformación llevó a sectores que no son afectados por el proyecto de ley a que hayan propiciado el paro del pasado lunes. La autoridad ratificó que seguirá con el proceso de socializar la iniciativa con diversos sectores.

“Este proyecto de ley no es inconstitucional y se está agrupando toda la normatividad en un solo cuerpo de una ley que existe desde 1997. Existe mucha desinformación en diferentes sectores, ya que algunos piensan que esta ley tiene más de cien artículos, y eso no es cierto”, dijo Espinoza.

El Conade anunció para hoy una reunión en La Paz con el fin de asumir nuevas medidas de presión. Es una posibilidad lanzar un nuevo paro, pero esta vez de 48 horas. “Evaluaremos el paro de ayer (lunes) y veremos qué otras medidas asumimos en caso de que el Gobierno no nos escuche”, afirmó Manuel Morales.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, también advirtió con convocar a un nuevo paro nacional.