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Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: jueves 05 de julio de 2018
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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En los próximos cinco días, hasta el lunes 9 de julio, la Fiscalía General del Estado presentará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.
El anuncio lo hizo ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, mientras Mesa asistía como observador en la Asamblea Legislativa a un acto de interpelación a los ministros de Minería, César Navarro y de Justicia, Héctor Arce, justamente por este caso.
“El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía General presente una resolución conclusiva de rechazo (al pedido de enjuiciamiento) o plantee una proposición acusatoria a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, anunció Guerrero.
Explicó que esta determinación será asumida con base en el trabajo de acumulación de antecedentes que se realizó desde que el 23 de mayo la Procuraduría General del Estado planteó la denuncia contra Mesa, por la presunta irregular reversión de las concesiones otorgadas a la empresa Quiborax durante su gobierno, lo que al final costó al Estado el pago de una indemnización de 42.6 millones de dólares.
Contó que en este tiempo se revisaron documentos y se realizaron entrevistas para acumular antecedentes que sustenten la determinación que se tome hasta el próximo lunes y descartó cualquier posibilidad de una ampliación del plazo, ya que ello no está consignado en los procedimientos.
Mesa se presentó a declarar a la Fiscalía General, pero no así otros actores como el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé o la exsubprocudadora Carmiña Llorenti, esta última pese a que fue citada justamente para ayer miércoles.
“Con toda la información acumulada, toda la información que hemos recabado, vamos a emitir una resolución en este plazo (…) una ampliación no está establecida en el procedimiento”, reiteró Guerrero.
La Procuraduría encuentra responsabilidad en el expresidente Mesa por haber llevado adelante un proceso de nacionalización que no estuvo apegado a los procedimientos, mientras que el expresidente asegura que cumplió con la normativa y que ello fue avalado con normas posteriores como un decreto emitido por el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.
Además, el expresidente demandó que otros funcionarios y exautoridades sean investigados en este caso, como Arce y Navarro, quienes la mañana de ayer respondieron a una interpelación en el Legislativo.
FALTA DE TIEMPO
Guerrero mencionó que por falta de tiempo no se convocará a declarar al Rodríguez Veltzé en el caso Quiborax.
Guerrero explicó que desde que recibieron la denuncia, la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para colectar documentos, toma de las declaraciones y otros elementos para emitir una resolución conclusiva. El plazo vence el 9 de julio y no puede ampliarse.
Anticipo
Mesa, a quien apunta el Gobierno como responsable del caso Quiborax, consideró que la interpelación que el MAS auspició contra los ministros César Navarro y Héctor Arce, es un anticipo del trámite de acusación que valida un juicio de responsabilidades.
“Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si la Fiscalía decide abrir una acusación en nuestra contra (...) Ha sido la ratificación de una acusación en contra de Mesa y manipulada por el MAS”, dijo.
Le llama la atención que la directiva del Legislativo haya priorizado una interpelación planteada por el MAS, sin tomar en cuenta que ya antes la oposición planteó similar acto y no tuvo una respuesta acelerada.
Reclamo
Mesa reclamó que los funcionarios interpelados “han olvidado elementos clave que explican porque se trata de una mala defensa de parte del Estado” y las acciones “irregulares” del Ejecutivo en decisiones que corresponden al Órgano Judicial.
Detalles de su llegada
Mesa ayer intentó entrar al hemiciclo por la puerta común, entre gritos de los legisladores de la oposición, un guardia policial le impidió el paso. Luego llegó un policía y le solicitó se dirija por la puerta de la Presidencia.