Transportistas alteños y gremiales de Bolivia dieron al Gobierno un plazo de 72 horas para anular el proyecto de Ley 218 o Ley de Antilegitimación. Y suman sectores que la rechazan, pues  a los choferes se anotaron mineros cooperativistas, dueños de cholets, cuentapropistas y cooperativistas del país. Conade y Comcipo ya hablan de un paro de 48 horas.

“Es una medida dura en contra de los trabajadores y debe quedar sin efecto y no vamos a permitir que estén queriendo socializar en El Alto. Vamos a movilizarnos y estamos dando 72 horas para que puedan retractarse y dejar sin efecto esa ley”, sostuvo ayer Víctor Tarqui, ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de la ciudad de El Alto.

Agregó que el  anteproyecto  es totalmente atentatorio, “ya hay leyes contra los narcotraficantes y el lavado de dinero,  y no nos pueden engañar”. El proyecto de Ley 218 o Ley Contra las Ganancias Ilícitas ampliará el poder de acción de  fiscales que investiguen ese delito, para acceder a información, realizar allanamientos o rastrear bienes sin necesidad de orden  judicial.

Por su parte, Francisco Figueroa, secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia y Édgar Álvarez, ejecutivo de los gremiales de Santa Cruz,  dieron también al Gobierno “72 horas para que se anule el anteproyecto”, aseveró Figueroa. El plazo fatal vencerá este viernes.

Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), el dirigente Manuel Morales  anunció que hoy se reunirán “para planificar el paro de 48 horas”, medida que se aplicaría la próxima semana.

Desde la Villa Imperial, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, sostuvo ayer que un consejo consultivo definirá si se declara un nuevo paro, pero esta vez de 48 horas.

Se suman sectores

Cinco nuevos sectores se suman al rechazo de la Ley 218. A los transportistas sindicalizados de El Alto, se añadieron  los mineros cooperativistas,  dueños de cholets, cuentapropistas y cooperativistas de Bolivia.

El presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia, Braulio Arguedas, pidió al presidente Luis Arce “anular” el  anteproyecto. “Presidente, reflexione o veremos quién gana en las calles”, precisó Arguedas y luego recordó que ese sector apoyó a Evo Morales en 2006.

En tanto, el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas,  Eloy Sirpa, preguntó: “¿por qué la ley  no incluye a los cocaleros?”, algo también observado por diputados de la oposición. Concobol agrupa a mineros y  además a cooperativistas de otros sectores  que anuncian protestas.

A los tres grupos se sumaron  los dueños de cholets y cuentapropistas según  la alcaldesa alteña Eva Copa y el concejal Rogelio Maldonado. “Dueños de cholets manifestaron su preocupación sobre el congelamiento de cuentas que puede haber a simple denuncia y luego se podría intervenir sus cuentas para una investigación”, refirió Copa al  denunció que el   Senado, que  socializa el proyecto, no les invitó.

Maldonado agregó que los cuentapropistas están  preocupados. “El Alto surgió por los cuentapropistas, por eso hay  una preocupación total de todos los ciudadanos”. Evangélicos, empresarios, médicos, prensa y otros también rechazan la norma.

72 horas

de plazo dieron transportistas y gremiales al Gobierno para que anule el anteproyecto de Ley de Antilegitimación.

“Como mineros cooperativistas rechazamos el anteproyecto de ley y preguntamos: ¿por qué la norma no incluye a cocaleros?”.