El MAS pareció dar un paso más ayer un posible juicio contra el ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, al avalar el informe de dos ministros que arremetieron contra la ex autoridad durante una interpelación, mientras la Fiscalía anunció que definirá la situación legal del actual vocero marítimo hasta el lunes y, por falta de tiempo, no llamará a declarar al ex mandatario Eduardo Rodríguez.

Mesa, que apareció por sorpresa ayer en la interpelación de los titulares de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, dijo a la conclusión del acto legislativo que no fue más que el comienzo del juicio de responsabilidades en su contra.

Acompañado por su abogado, Carlos Alarcón, y su asesor Gustavo Aliaga, ingresó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) –aunque la Policía lo retuvo en principio y ya adentro legisladores del MAS lo abuchearon– y escuchó atentamente lo que decían las autoridades gubernamentales interpeladas por el MAS, quienes no dudaron en inculparlo por el pago de $us 42,6 millones del Estado a la empresa chilena Quiborax.

“A lo que hoy asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, cuando todavía, el Fiscal General del Estado no tomó una decisión”, declaró Mesa al salir del Legislativo.

Insistió en que la interpelación de ayer parecía “la apertura de un acto de acusación de la Asamblea Legislativa en mi contra”.

También mostró su sorpresa porque “es increíble que en menos de diez segundos levanten la mano para decir que se siga el orden del día, y en otros diez segundos para levantar la mano y decir que aprueban y ratifican el apoyo a los ministros”.

VOTO DE CONFIANZA

La sesión de interpelación de los ministros Arce y Navarro concluyó con la aprobación de un voto de confianza de parte de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los dignatarios de Estado explicaron los antecedentes del caso, argumentaron que hicieron todo lo posible por ganar el juicio, pero que la responsabilidad estuvo finalmente en el origen del laudo: el procedimiento por el que Bolivia recuperó los predios de manos de la empresa chilena.

La sesión se desarrolló en medio de gritos y abucheos de la oposición contra el informe.

"Pido que asumamos una actitud con mínimos modales ante un acto interpelatorio en el pleno de la Asamblea Legislativa", alcanzó a decir la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño (MAS), frente a las críticas de otras nacionalizaciones por las que el Estado tuvo que pagar millones.

Fuerzas de oposición aparecieron con letreros contra el Gobierno, con la frase "roba patrias", lo que irritó a los oficialistas; hubo momentos de tensión que no pasaron a mayores, como un intercambio de palabras entre Arce y la diputada chuquisaqueña Lourdes Millares. La bancada del MAS también intentó descargar artillería contra Mesa, cuando vio que ingresaba al hemiciclo y presenciaba la interpelación desde el palco diplomático; las masistas lo insultaron.

SOBRE LA FILTRACIÓN

“No había Internet”, es el justificativo que dio el ministro de Justicia, Héctor Arce, para explicar por qué desde la computadora de la ex subprocuradora, Carmiña Llorenti, se filtró información hacia Quiborax.

Dijo que Llorenti le presentó un informe donde menciona un acto indebido de uno de los abogados de Chile en la etapa de negociones. “No había Internet en la Sala, (el abogado de Chile) le pidió una computadora a la Subprocuradora (Llorenti), la Subprocuradora, según información, le prestó su computadora. Esa persona, la Subprocuradora cuando se percató de ese hecho nos informó a nosotros, ella nos ha informado, la doctora Carmiña Llorenti, y qué hicimos; se la desvinculó inmediatamente”, puntualizó y reveló que lo ocurrido fue comunicado al presidente Evo Morales.

Pero el diputado Víctor Borda (MAS), solicitó el martes que el Ministerio Público abra un proceso de oficio contra la ex Subprocuradora.

Su correligionario Édgar Montaño afirmó la pasada semana que la actuación de Llorenti fue traición a la patria. “Eso no debiera haber ocurrido jamás. Eso es traición a la patria. No solamente ella (Llorenti) sino hay otros funcionarios que se han prestado a este tipo de delitos”, reprochó el legislador, señaló entonces.

No convocarán a Rodríguez Veltzé

Escudado en el plazo de 30 días que en otros casos fue ampliado, el fiscal general Ramiro Guerrero comunicó ayer que no llamarán a declarar al ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé por el caso Quiborax, en el que habrá decisiones hasta el lunes 9 de julio.

“Es muy corto el tiempo, son 30 días, y ustedes saben que el ex presidente Rodríguez Veltzé no se encuentra en el país, es mucho más complicado pedir una declaración”, indicó.

Antes informó que el plazo para emitir un criterio final en el caso vence este lunes. “El 9 de julio vence el plazo de 30 días para que la Fiscalía General presente una resolución conclusiva de rechazo (al pedido de enjuiciamiento) o plantee una proposición acusatoria a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia”, señaló en La Paz.

Explicó que esta determinación será asumida sobre la base del trabajo de acumulación de antecedentes que se realizó desde el 23 de mayo, cuando la Procuraduría General del Estado denunció a Mesa, por la presunta irregular reversión de las concesiones otorgadas a la empresa Quiborax durante su gobierno, lo que al final costó al Estado el pago de una indemnización de $us 42,6 millones.

Mesa decepcionado

Carlos Mesa

EX Presidente de Bolivia

"En esta Asamblea lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia (...) la interpelación ha sido la ratificación de una acusación contra Carlos Mesa, direccionada".

Hay más críticas

Héctor Arce

Ministro de Justicia

"Antes del arbitraje debe haber conversaciones. Había un deber del Estado, Carlos Mesa tenía la obligación de sentarse (a negociar) con la empresa que había echado del país".