La Ley de Ciudadanía Digital, planteada al Órgano Ejecutivo, tiene el objetivo de facilitar la interacción entre los ciudadanos y las entidades públicas para dar lugar a los trámites en línea a través del uso de la firma digital.

“La ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado”, señala el cuarto artículo de esta normativa.

El objetivo es alojar historiales médicos, académicos, laborales, antecedentes y cualquier otra información de interés del usuario, para permitir la integración y la interoperabilidad entre los distintos sistemas gubernamentales y privados.

La idea es que ya no sea necesaria la presencia de las personas y la presentación física de documentación para respaldar el trámite ante una determinada entidad pública o privada.

Sin embargo, surgen dudas en la población y muchos sectores sobre qué entidad se encargará de administrar y manejar estos datos. También acerca de la efectividad de la ley, sus alcances, si realmente se contemplan derechos digitales del ciudadano y cómo va a encarar todo esto el Gobierno.

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Varias personas antes de ingresar a oficinas de Segip en Cochabamba.

José Rocha

El investigador y activista digital, Cristian León, aseguró que la importancia de la ciudadanía digital radica en la generación de derechos que garanticen a los ciudadanos privacidad y seguridad informática, y no solamente en desburocratizar procesos administrativos.

“En Bolivia hay un gran problema y es que falta infraestructura tecnológica en lo que respecta a la digitalización de muchos procesos burocráticos (...). Eso debe ser encarado por el Gobierno con responsabilidad”, señaló León.

Por otro lado, el investigador hizo énfasis en que la brecha digital es uno de los principales factores que impide la correcta implementación de la ciudadanía digital. “Hemos tenido muchos problemas relacionados a cómo los bolivianos hemos accedido a la era digital y ha sido de manera tardía”, indicó.

“Muchas cosas que debieron digitalizarse hace años recién se están digitalizando, esto conlleva arrastrar tiempo”, agregó León.

Esta ley ya fue aprobada en grande y en detalle el jueves 28 de junio y se prevé que la norma estará vigente en las próximas semanas. A partir de su promulgación, habrá por lo menos tres meses para elaborar la reglamentación.

Los riesgos de digitalizar procesos: datos, privacidad y malos usos

Uno de los grandes retos que tiene el Gobierno es la alfabetización digital de los funcionarios públicos y también de trabajadores de entidades privadas. Sin una correcta adecuación a los sistemas digitales el fracaso es inminente.

A esto se suma el tema de la privacidad de los datos de los ciudadanos y el uso que pueda hacer el Gobierno ya que Bolivia no tiene una ley de protección de datos personales y mucho menos normas referidas a la seguridad y delitos informáticos.

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Oficinas de Migración.

Carlos López

“Se va a necesitar gente un poco más capacitada que pueda usar los sistemas que se vayan a implementar (...) Se van a manejar muchos datos privados de las personas, desde sus datos personales hasta datos mucho más sensibles como historiales médicos o financieros. Incluso se puede llegar hasta datos de la navegación del ciudadano en la web”, explicó León.

Ante esta situación, la población comienza a tener cierta susceptibilidad por el manejo que haga el Gobierno con los datos de los ciudadanos. “Es un miedo legítimo que tiene la gente (...). Necesitamos una ley de protección de datos de manera urgente, para que se generen garantías en el ciudadano de que sus datos se van a manejar de una mera ética y responsable”, enfatizó el investigador y activista digital.

Los derechos son una parte absoluta de la sociedad y determinan la dinámica de la convivencia.El nacimiento y crecimiento del internet y las redes sociales, además del papel de los Gobiernos, han planteado el surgimiento de derechos según las necesidades de esta época.

Llevar una vida privada sin injerencias arbitrarias de un Gobierno es fundamental. El derecho a la privacidad está estrechamente relacionado con el derecho al libre pensamiento y por consecuencia al de la libre expresión.

Identidad digital; un importante avance que reduce la burocracia

León explicó que la identidad digital es un sistema en el que estarán los datos mínimos de cada ciudadano “para poder autenticarlo”.

Se busca que los ciudadanos con “un solo registro digital” puedan interactuar con todas las entidades que conforman el Estado.

“Son unos 10 datos que deben estar digitalizados para que cuando el ciudadano vaya a una entidad del Estado sepan que es esa persona, pero va más allá ya que la idea es que si te encuentras en el exterior puedas firmar trámites a través de una firma digital”, informó.

Para la implementación de este sistema es importante la elaboración de un reglamento. No es necesario que toda la población tenga una identidad digital ya que debería ser algo opcional, según las necesidades de cada ciudadano.