El expresidente Carlos Mesa señaló ayer que el cerco en su contra por el caso Quiborax se va cerrando y que la interpelación de la Asamblea Legislativa contra los ministros de Justicia y Minería, Héctor Arce y César Navarro, fue “un acto de complacencia” a modo de apertura de la acusación en su contra, cuando sólo falta la decisión de la Fiscalía General del Estado para iniciar el juicio por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El Ministerio Público tiene hasta el 9 de julio para pronunciarse.

Ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa procedió con la interpelación de los ministros de Justicia y Minería, para conocer la defensa que se asumió el Estado en el laudo arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instancia que definió el pago de 42,6 millones de dólares en favor de Quiborax.

Este informe, que se inició desde las 9:00, se prolongó hasta las 14:20, oportunidad en que los ministros, en medio de cuestionamientos de los asambleístas de oposición, se dedicaron a ratificar que la pérdida del caso en Ciadi fue por llevar adelante la reversión de las concesiones mineras sin cumplir la normativa, que el proceso fue discriminatorio e ilícito, además de cierta parcialización del tribunal arbitral con la empresa, que incluso demandó al Estado paralizar cualquier acción penal en el país.

“Lamentablemente, en este caso han tenido todos los elementos para condenarnos a una indemnización, y esos elementos son los que se produjeron, generaron por todo este andamiaje de aprobar una ley, no cumplirla, que tenga que haber auditorías y no hacerlas, utilizar un mecanismo que no era el correcto”, dijo Arce refiriéndose a Mesa.

A su vez, el titular de Minería que hizo un repaso de antecedentes hasta los Gobiernos denominados neoliberales de Hugo Banzer, entre otros. Refirió que incluso para el proceso de estas concesiones a la empresa chilena se habría recurrido a información privilegiada por parte de David Moscoso, socio de Quiborax. Fueron más de tres horas para que las autoridades del Ejecutivo concluyan en que, por el incumplimiento de Mesa a las normas y sus propias leyes, el Estado perdió el laudo arbitral.

El pleno mayoritario oficialista aprobó la moción de “orden del día puro y simple”, pero además dieron el “voto de confianza” a los interpelados que salieron triunfantes y aplaudidos. Los asambleístas apoyaron las versiones esgrimidas por los ministros y ratificaron el grado de responsabilidad que presumiblemente tiene el expresidente en el caso.

De manera paralela, el fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que se tiene hasta el 9 de julio para presentar la resolución conclusiva de rechazó o admisión de la proposición acusatoria para instaurar un juicio contra el expresidente. La Procuraduría General denunció ante el Ministerio Público a Mesa por supuestos delitos en la reversión de una concesión minera en el Salar de Uyuni.

“Cumpliendo con los procedimientos, la denuncia de proposición de parte de la Procuraduría se presentó el 22 de mayo y, en 24 horas, se notificó al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Penal en fecha 23 de mayo”, explicó el Fiscal General.

Explicó que, desde la recepción de la denuncia, la Fiscalía tiene un plazo de 30 días para colectar documentos, toma de declaraciones y otros elementos para emitir una resolución conclusiva. El plazo vence el 9 de julio y no puede ampliarse.

42,6 millones de dólares pagó el Estado a Quiborax por la indemnización tras perder el juicio por la reversión de concesiones mineras.

DATOS

La Fiscalía tiene hasta el 9 de julio para ver juicio. El plazo para que la Fiscalía del Estado admita o rechace la proposición acusatoria del caso Quiborax contra Carlos Mesa vence el 9 de julio.

La exsubprocuradora Llorenti fue exculpada. En el informe, el ministro Arce afirmó que la exsubprocuradora Carmiña Llorenti prestó su computadora a un abogado de Chile y éste aprovechó para filtrar información. Dijo que el presidente Morales fue informado y que ello sucedió cuando el laudo ya había sido emitido.

OPINIONES

"Él (Mesa) no ha querido ni sentarse con la empresa, cuando le han pedido (negociar) en cuatro oportunidades, cuando le han dado el tiempo suficiente, cuando le han dado más de un año". Héctor Arce. Ministro de Justicia

"El Gobierno debe asumir que la defensa del Estado en el caso Quiborax fue negligente y torpe. Quieren responsabilizar a Mesa porque le tienen miedo en las elecciones de 2019". Shirley Franco. Diputada UD

MESA: “RATIFICARON UNA ACUSACIÓN MANIPULADA”

Al promediar las 11:15, Carlos Mesa, acompañado de su abogado, Carlos Alarcón, y su asesor, Gustavo Aliaga, se presentó de manera sorpresiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para escuchar los fundamentos que esgrimían las autoridades ejecutivas interpeladas por el MAS.

En la sesión, asambleístas y ministros no dudaron en culparlo por el pago de los 42,6 millones de dólares que pagó el Estado a la chilena.

“Me ha dado la sensación de que en la Asamblea Legislativa lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia en el que se reúnen parlamentarios del oficialismo para hacer una interpelación acordada y permitir a los ministros dar sus argumentos”, expresó.

“A lo que hoy asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa, cuando todavía el Fiscal General del Estado no tomó una decisión”, dijo Mesa a su salida del Legislativo.

“Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General decide abrir una acusación en nuestra contra (…) Ha sido simplemente la ratificación de una acusación en contra de Carlos Mesa y manipulada por el oficialismo”, aseguró.

“A lo que asistimos parecería que fuere a la apertura de un juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa”, dijo.