El conflicto por el rechazo a la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no termina con el paro de 24 horas de ayer. De hecho, acaba de empezar. Así lo dejaron en claro los sectores movilizados, que, tras hacer una evaluación sobre la medida de presión, aclararon que nada tienen que ver con el bloque cívico que se sumó a la protesta y advirtieron con radicalizar sus acciones si el proyecto no es anulado en 72 horas. El Gobierno, minimizó la medida y dijo que la movilización fue parcial, pero señaló que está dispuesto a consensuar la norma.

La jornada de ayer, la administración del presidente Luis Arce vivió su primer para movilizado.

A escala nacional los gremialistas, transportistas y mineros se movilizaron contra el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados; no obstante, su debate se frenó en el Senado por el rechazo generalizado.

El proyecto está compuesto por 59 artículos y varias disposiciones que son calificadas como inconstitucionales. Entre las observaciones está el artículo 17 que considera sujeto obligado (que puede ser investigado) a toda persona natural o jurídica, pública o privada. Toño Siñani, secretario ejecutivo la Federación de Trabajadores Gremiales de la ciudad de El Alto, sostuvo que las medidas de presión se radicalizarán si el Gobierno no da marcha atrás con este proyecto, al que consideró “como un peligro” para su sector.

Los gremialistas de El Alto y de la ciudad de La Paz protagonizaron movilizaciones en rechazo a la norma. Según el dirigente, la medida fue apoyada por el 85% de los comerciantes que conforman este gremio “mientras que un 15% es manejado por el Gobierno”.

“A los cívicos los hemos botado porque no se pueden meter en un conflicto que afecta a los gremiales, a los choferes, a los carpinteros y a todos los demás”, dijo.

Añadió que el sector decidió dar un plazo de 72 horas para que se deje de lado la iniciativa legal.

“Si no dan marcha atrás, vamos a radicalizar las protestas contra el Gobierno para que anule esta ley. Ahora los mineros auríferos también han anunciado que se van a movilizar”, sostuvo.

El sector del transporte en Santa Cruz calificó de exitosa la medida de ayer. Y al igual que los gremialistas pidieron no relacionar la medida de presión con el bloque cívico, porque el paro fue coordinado en una asamblea extraordinaria entre todas las asociaciones del gremio.

Mario Guerrero, dirigente del sector del transporte y exdiputado por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), pidió al Ejecutivo no minimizar la protesta de los sectores afectados, es más convocó a las autoridades nacionales a reflexionar sobre la aplicación de esta norma “que afecta a todos los bolivianos y los deja indefensos”.

Mientras que el sector minero, pidió al presidente meditar sobre la aplicación de la norma. “Nos vamos a ver en las calles, en la lucha, y ahí vamos a ver quién gana”, lanzó el presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia, Braulio Arguedas.

Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, pidió al Gobierno escuchar a los sectores y aclaró que fueron los gremiales los que convocaron el paro, y calificó de exitosa la protesta.

Si bien lo sectores movilizados consideran que fue exitosa la medida, desde el Ejecutivo indican que el paro fue parcial. Uno de los primeros en afirmar eso fue el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Desde sus redes sociales señaló que “en siete de nueve departamentos existe absoluta normalidad, creemos que éste es un mensaje que está dando el pueblo boliviano a quienes convocan a paros”.

“En el departamento de Santa Cruz tenemos casi el 95% de todas las vías expeditas”, aseguró.

El senador por el MAS en Santa Cruz, Willam Tórrez, dijo que el paro fue parcial en Santa Cruz y que en La Paz y algunos puntos del país se movilizaron grupos minoritarios de los gremialistas y el transporte.

Afirmó que el grueso de la población realizó sus actividades con normalidad. “Después del cuarto anillo, donde está el grueso de la población hubo una actividad normal”, dijo y aseguró existe la puerta abierta para revisar el proyecto de ley con los sectores.