Nuevamente se produce un enfrentamiento en la población boliviana fuertemente dividida y polarizada entre dos posturas de visión de país, representadas por el oficialismo y la oposición. Ambas tienen la defensa de la democracia y la justicia por banderas, aunque en algunos casos parecería que detrás también está una defensa personal ante errores políticos o actos cometidos.

Este 11 de octubre se ha producido un paro cívico nacional que este artículo no recoge; aunque sí los antecedentes y las motivaciones de las partes enfrentadas y que se han reflejado, no siempre de manera equilibrada, en los medios de comunicación que con el grito de prensa independiente evidentemente también toman partido.

Ha pasado casi un año desde las elecciones nacionales de 2020 que prometían a Bolivia sacarla de un año nefasto, terrible, de un gobierno transitorio plagado de hechos de corrupción, de persecución política, amedrentamiento a una parte de la prensa, cárcel y muerte a bala de gente del pueblo. Y han pasado casi dos años (octubre-noviembre de 2019) desde lo que para unos fue un evidente golpe de Estado cívico-militar y para otros la respuesta a un fraude electoral.

Es a partir de estos hechos que hoy se produce un nuevo enfrentamiento. Hay que añadir que las cabezas visibles y decisorias de este entramado de intervenciones de intereses político y personales son hombres, en algún caso de un machismo muy marcado. Sí, la masculinidad condiciona los actos por las formas sociales aprendidas: figuración, mando, competitividad, agresividad, entre otras.

En febrero de 2016, Evo Morales perdió, por un margen mínimo, un referéndum que debía avalar, en 2019, su candidatura de repostulación para presidente de Bolivia. Perdió e igualmente se postuló. Ese afán de mantenerse en el poder dio argumento a su caída. Fue un error, como posiblemente lo sea hoy que busque vigencia política pública. Retírese, al menos un tiempo.

En noviembre de 2019, ante la crisis social, en un espacio privado como la Universidad Católica, se reunieron líderes políticamente contrarios al gobierno de Morales (además de miembros de la Iglesia y de algunas embajadas de países) para decidir el destino de Bolivia. Eran personas sin representación electa ni mandato formal que les avale para tomar esa decisión. Esto es una verdad sólida. Ellos decidieron designar presidenta a Jeanine Áñez, que entonces era segunda vicepresidenta del Senado, desechando cualquier otra posibilidad si era del partido de Morales en la sucesión.

Quienes estuvieron en esa reunión, personalmente o mediante representación, así como quienes dirigieron la caída de Morales y participaron luego en el brutal gobierno transitorio, están siendo procesados o se busca procesar judicialmente. Ante el anuncio de juicios por esas acciones (en donde sólo ha caído Jeanine Áñez que es el eslabón más débil, aunque como presidenta tiene responsabilidad de sus actos de gobierno) y como defensa propia, estas personas gritan ¡democracia! y dirigen, impulsan, llaman a la población a que se levante y, en algún caso, “a terminar lo que en 2019 se empezó”.

Hablan de persecución política por la vía judicial. En su momento no abrieron la boca salvo para tragar los sapos de las barbaridades del gobierno de Áñez, no denunciaron las terribles vulneraciones a la democracia que se cometía en aquellos momentos.

Evidentemente, la justicia boliviana es poco fiable y opera en función de poderes políticos y económicos. No puede ser que cualquier gobierno tenga la justicia a su disposición y pueda hacer con la oposición lo que quiera.

Así no se puede seguir, una cosa es hacer de oposición y otra estar llamando constantemente a defenestrar a un gobierno. Un gobierno que hace un año ganó las elecciones con un 55%. ¿Qué les pasa? ¡Qué les pasa! Eso es llamar a un golpe de Estado y es algo que no se puede normalizar.

Dialoguen, hagan oposición realmente democrática, madura y responsable. Busquen maneras que garantice la justicia y esto va para el oficialismo y la oposición. En serio, sean demócratas de verdad.