La tensión social a la que nos está llevando el rechazo, cada vez más amplio, al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas muestra que el Gobierno está decidido a imponer sus medidas con su mayoría parlamentaria y el poder de movilización callejera del partido azul y sus sectores afines.

Esa opción es evidente en la resistencia oficialista a dialogar de manera honesta sobre el cuestionado proyecto, y la convocatoria, para hoy, a concentraciones masivas en todo el país —con la participación de autoridades de Estado, incluido el Presidente—, en una clara demostración de la fuerza masista, bajo el pretexto de un “desagravio a la wiphala”, y cuyo adelanto fueron las agresiones de ayer, en algunas ciudades, a los movilizados en contra de la medida gubernamental.

Así, resulta que lo que se interpretó como un retroceso en el ímpetu autoritario del Gobierno no lo era.

En efecto, la recuperación del mercado y sede de Adepcoca por los cocaleros de los Yungas —luego de dos semanas de enfrentamientos con los policías— ocurrió por la determinación irreductible de aquellos y el agotamiento de éstos. La postergación sin fecha de la audiencia del Gobernador de Santa Cruz en la Fiscalía paceña, en el marco del fantasioso caso de “golpe de Estado”, se dio porque su resultado habría significado una derrota si lo dejaban en libertad, o el detonante de una crisis mayor en el centro económico del país, si lo detenían.

Asimismo, la suspensión del tratamiento en el Senado del proyecto de ley contra el lavado para “socializarlo”, no tenía el objetivo de escuchar los argumentos de quienes lo rechazan —como lo denunció un líder nacional de las agrupaciones religiosas evangélicas— sino de conseguir el apoyo de los sectores afines al MAS.

La movilización de ayer en contra del problemático proyecto —que vulnera una docena de derechos ciudadanos consagrados por la Constitución— alcanzó diversos grados de convocatoria según las ciudades, pero tuvo un efecto de alcance nacional: se reactivó la dinámica de resistencia ciudadana que provocó la renuncia y huida de Morales luego del fraude electoral de 2019. Y también logró un impacto inobjetable: el endurecimiento del rechazo de varias corporaciones de la sociedad, como comerciantes, transportistas, cooperativistas mineros…

Sería ridículo pretender atribuir “afanes golpistas”, como lo hacen algunos oficialistas, a esos sectores que hasta hace poco proclamaban su afinidad incondicional al MAS.

¿Por qué ahora exigen con firmeza la abrogación de una ley y la anulación de un proyecto, ambos contra la legitimación de ganancias ilegítimas? Porque han perdido del todo la confianza en el Gobierno de Arce. Y la confianza no se la impone, ni se la recupera por la fuerza.