Medio: ANF
Fecha de la publicación: lunes 11 de octubre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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Una masiva marcha de los gremiales tomó el centro de la ciudad de La Paz, exigen al Gobierno anular la ley 1386 y el proyecto de ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, de lo contrario continuarán sus movilizaciones.
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Los gremiales piden al Gobierno que anule la Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas aprobado mediante ley en el mes de agosto.
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CompartirLos gremiales ampliaron sus exigencias, su demanda no es sólo archivar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que su tratamiento ha quedado en suspenso en el Senado.
Ahora exigen al Gobierno la anulación de la ley 1386 de Estrategia nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, que fue promulgada en el mes de agosto.
“Se va a masificar (las medidas). Damos plazo al gobierno para que convoque al diálogo y análisis, pedimos la anulación total de la ley 1386 y archivo del proyecto de ley 218 (contra la legitimación de ganancias ilícitas), porque afecta a la familia gremial”, declaró a la ANF Delia Huanca, ejecutiva de la Federación de Gremiales de La Paz.
En tanto que el máximo dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, señaló que se oponen al conjunto del proyecto de ley y no a artículos particulares, asimismo, dijo que no solo afecta a los comerciantes sino a todos los bolivianos.
Protestó que el Gobierno no actúe de buena fe al haber aprobado la Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. “No hay un acto de buena fe. Pedimos la anulación de la ley 1386 y el proyecto 218”, sostuvo Figueroa.
Los dirigentes advirtieron que si el Gobierno no abre el diálogo y anula la ley 1386 y archiva el proyecto cuestionado, el próximo lunes volverán a salir a las calles y advierten con masificar sus movilizaciones.
Huanca dijo que no permitirán que el poco capital que tienen sea objeto de investigaciones, señalaron que no podrán justificar sus bienes porque no tienen facturas para los descargos que pedirán en las indagaciones.
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