El exgobernante volvió a culpar al Gobierno del presidente Evo Morales por una supuesta deficiente defensa en el caso que culminó con el pago de una indemnización de $us 42,6 millones y aseguró que Bolivia llegó al arbitraje con elementos a su favor.

El expresidente Carlos Mesa, a quien apunta el Gobierno como responsable del caso Quiborax, consideró que la interpelación que el oficialismo auspició en el Legislativo por ese mismo asunto contra los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro, y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, es un anticipo del trámite de acusación que valida un juicio de responsabilidades.

“Más que interpelación, esto parecía un acto adelantado de la apertura de una acusación en contra de Carlos Mesa, que es lo que probablemente se producirá si el Fiscal General del Estado decide abrir una acusación en nuestra contra”, declaró Mesa a la salida del acto de fiscalización que se instaló después de las 09.00. “Ha sido simplemente la ratificación de una acusación en contra de Carlos Mesa y manipulada por el oficialismo”, sostuvo.

Este miércoles, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, precisó que en los próximos cinco días, hasta el lunes 9 de julio, su despacho publicará la resolución conclusiva que determinará si corresponde o no activar el inicio de un juicio de responsabilidades contra Mesa.

El exgobernante, quien volvió a culpar al Gobierno del presidente Evo Morales por una supuesta deficiente defensa en el caso que culminó con el pago de una indemnización de $us 42,6 millones, llegó al hemiciclo de forma sorpresiva para presenciar los descargos de Arce y Navarro desde el palco en medio de una controversia por su ingreso al Palacio Legislativo.

“Lo que se ha producido es un acto de autocomplacencia, es decir que se reúnen parlamentarios del oficialismo para nominalmente hacer una interpelación previamente acordada para permitirles a dos ministros de Estado dar sus argumentos”, reclamó.

En las horas precedentes a la interpelación, los opositores denunciaron que el procurador del Estado, Pablo Menacho, se había reunido para preparar la interpelación de los ministros.

• Arce: En el propio gobierno de Mesa no se recomendó la expulsión de Quiborax

Mesa además exteriorizó su preocupación sobre la decisión del órgano de priorizar la interpelación del oficialismo antes que la propuesta por la oposición que tenía, aseguró, una fecha anterior.

En su contacto con la prensa, reclamó que las autoridades interpeladas “han olvidado elementos clave que explican porque se trata de una mala defensa de parte del Estado” y las acciones “irregulares” del Ejecutivo en decisiones que corresponden al Órgano Judicial en un proceso penal en contra de uno los socios de Quiborax, según reveló Menacho en un documento confidencial, citó Mesa.

Una de ellas es que las autoridades del Gobierno “en ningún momento mencionan que la Superintendencia de Minas en octubre de 2014 estableció la nulidad, siguiendo la normativa que establece la ley de minería, de las concesiones que se le había otorgado a Non Metallic Minerals”.

En su Gobierno —insistió— que esa extinta superintendencia asumió esa determinación por “vicios de origen porque las concesiones se habían dado de manera inadecuada, incorrecta” y este concepto, según los documentos de los árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), “no fue establecido como elemento central de defensa por parte de Bolivia”.

Para Mesa, que Bolivia llega al arbitraje con todos los elementos absolutamente claros en su favor (…) por lo tanto no es correcto decir que quienes empezaron la defensa estaban enfrentando una serie de irregularidades (…) el gobierno de Bolivia había resuelto claramente desde el punto de vista jurídico el punto de defensa”.

En la interpelación, Arce cito dos informes del gobierno de Mesa que no recomendaron la expulsión de mesa, uno de ellos fue “lapidario”, aseguró, puesto que da cuenta de “ serios problemas jurídicos”. Además, aseguró que se le invita a “inventarse’ supuestos “vicios en la tramitación de la concesiones”. (04/07/2018)