En las últimas dos semanas hubo profusión de rumores, comentarios y criterios sobre lo que se estaría gestando en las cámaras legislativas, por presión del Ejecutivo, con miras a la aprobación de leyes relacionadas con normas sobre enriquecimiento ilícito, transacciones, posesión de fortunas, etc., etc., que han creado incertidumbre, preocupación y hasta angustia en la población, porque se trataría de afectar la economía de todos los hogares y que, con el estilo netamente comunista, “todo estaría destinado a beneficiar las arcas nacionales en detrimento del pueblo”.

Nadie niega el derecho y obligación del gobierno de estudiar y aprobar, con intervención del Poder Legislativo, medidas que corrijan o complementen el conjunto de códigos que el país necesita para un mejor funcionamiento; pero que se lo haga dentro de márgenes de diálogo, concertación y entendimiento; que lo que se piensa hacer no sea bajo amenazas o siembra de temores en la población, y que no sea medio de presión. Lamentablemente, quienes han difundido una serie de comentarios, noticias y rumores sobre cuestiones tan delicadas, incluyendo algunos parlamentarios, parecen estar convencidos de que el “poder lo permite todo”, cuando la verdad es que si lo permite es dentro de márgenes de cordialidad, respeto, diálogo y concertación, sin utilizar amenazas ni infundiendo miedo. Todo ha mostrado en estos días que se confunde el diálogo y la concertación con el miedo, el temor y la creación de condiciones forzadas para conseguir “aceptación voluntaria” a medidas que parecen coercitivas por la manera de propagarlas.

Las autoridades nacionales, por las múltiples experiencias que han acumulado, saben que el diálogo es el mejor medio para convenir y concordar lo que se busca, lo que se considera necesario porque se conviene en que se conoce la profundidad e importancia de los temas puestos en mesa de diálogo; pero obrar a ciegas, sin fundamentos claros y precisos, sin difusión de los proyectos y sin que ambas partes lo hayan estudiado –previa y someramente– es, simplemente, tratar de imponer a la fuerza.

Las autoridades de gobierno no deben obrar bajo presión, ni la población bajo temores por posibles medidas a ser tomadas en caso de rechazo por la parte que se siente afectada. Planteamiento o sugerencias que sean motivo de diálogo deben ser presentados con los mayores detalles, para que sean comprendidos y sean dados los pasos correctos y en ámbitos de cordialidad.

Funcionarios de cualquiera de los poderes del Estado deberían estar convencidos de que solamente el diálogo construye, porque se lleva a cabo dentro de parámetros de cordialidad, educación y concertación; deberían estar seguros de que el miedo y la amenaza no hacen otra cosa que agravar los problemas y enturbiar las conversaciones; lo más grave es que, en muchos casos, se puede esperar reacciones airadas por las presiones ejercidas. Dialogar y convenir es obrar con altura y cordialidad; no hacerlo así es provocar lo que no se querría y daría lugar a resultados negativos y contrarios a los propósitos buscados.