Dirigentes del MAS y autoridades de Gobierno han insistido sobre la necesidad de sancionar a quienes promueven el voto nulo. Ello es inaceptable. No existe ninguna posibilidad en Bolivia de que una persona sea sancionada por sus ideas. La libertad de expresión está totalmente garantizada por la Constitución Política y los acuerdos sobre derechos humanos de los cuales el país es suscriptor.

editorial

No habrá sanciones por el voto nulo

Según la CPE, “el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información (…) y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

El oficialismo está intentando aplicar una norma que causa confusión. El artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, en su parágrafo 3 señala que “ninguna persona individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante, por ningún medio o espacio público, incluyendo internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, constituyendo falta electoral sin perjuicio de su calificación penal”.

El espíritu de ese artículo es evitar que los candidatos llenen los canales de televisión y las radios con spots y jingles llamando al voto por sí mismos. Ello, creían quienes redactaron ese artículo, impediría que la campaña electoral se volviera un caos y que los candidatos más fuertes económicamente, o más capaces de conseguir recursos, se vieran beneficiados injustamente.

Así que esta norma no puede ser aplicada para quienes hacen campaña por el voto nulo. Pero si ése es el “espíritu” de ese artículo, su “letra muerta” tampoco permitiría que se sancione a quienes llaman a votar nulo, porque, en rigor, no están haciendo campaña a favor o en contra de ningún candidato, sino contra el proceso en sí.

El organismo electoral ha hecho esfuerzos por rescatar la institucionalidad de esta entidad y ha buscado hacer un trabajo informativo completo, que llegue al conjunto de la población. Incluso a pesar de ello, los electores mantienen grandes niveles de desinformación y desinterés, cuando no sospechas de la calidad de los candidatos, especialmente porque se ha mencionado que la mayoría  ha estado ligado al oficialismo.

Es verdad que muchas acciones del Órgano Electoral en el pasado han quitado la credibilidad a esta entidad, por su falta de autonomía, pero se ha notado una apreciable diferencia con los actuales miembros. Ello,  no quita, sin embargo, que en los últimos días se haya percibido un clima de confrontación entre ellos y que se aprecie que la presión o compromiso de algunos de ellos con el partido de Gobierno es todavía evidente. Por eso es favorable que el vocal Antonio Costas haya salido a los medios a aclarar que no habrá sanciones y que el voto nulo es uno de los tres tipos de sufragio previstos por ley (junto al voto válido y blanco).

El proceso electoral que viviremos en las próximas semanas no es una elección típica entre candidatos y partidos; va dirigida a renovar las autoridades judiciales en el peor momento de crisis de la administración de justicia en Bolivia. Si el ciudadano cree que estas autoridades son las adecuadas, así lo expresará con su voto; por otro lado, si el proceso no ha sido bien conducido no es culpa del elector, sino de las decisiones equivocadas que adoptaron las mismas autoridades de Gobierno en su afán de hacer las cosas a su manera. 

El carácter plebiscitario que ha adoptado esta elección es asimismo responsabilidad del Gobierno, que atacando y pretendiendo sancionar a quienes se manifiestan en contra del proceso han conseguido un efecto contrario: posicionar el voto nulo como la opción contestaría a las irregularidades presenciadas.

Intentar sancionar a una persona que tiene todo el derecho de emitir un criterio, no puede ser aceptado. La democracia, lo saben bien los vocales del TSE, debe permitir (alentar, incluso), la libre circulación de ideas. Castigar ese comportamiento es inadmisible.