El paro convocado para este lunes en rechazo del proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, cosechó respaldo en distintos sectores de al menos siete departamentos; en Oruro y Chuquisaca no halló el mismo eco. Sólo cuatro autoridades subnacionales, un gobernador y tres alcaldes, anunciaron que asumirán la medida de presión.

El pasado mes, el dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, anunció la medida de presión y anunció que la protesta será acatada por sus asociaciones en todo el país y en los puntos fronterizos con Argentina y Brasil. Dijo que el paro será también respaldo por otros sectores como el transporte internacional, productores, artesanos, maestros, médicos, comerciantes minoristas, pequeños y medianos empresarios, y otros grupos.

Posteriormente decidieron fortalecer la medida de presión cívicos, políticos y plataformas, que además rechazan otras normativas que consideran que otorgan al Gobierno mayor control. Rechazan además la “persecución política”.

La medida fue ratificada por plataformas ciudadanas, transportistas, federaciones de mercados, cívicos, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade), médicos, gremiales y transportistas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí, Beni y Pando. En Oruro no tiene respaldo cívico y en Chuquisaca la medida tampoco logró apoyo de la gobernación ni de la Alcaldía de la ciudad capital; por el contrario la protesta fue cuestionada por el comité interinstitucional, conformado por la Central Obrera Departamental, las juntas vecinales, transportistas y cívicos de las provincias.

Los alcaldes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Iván Arias, Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández,respectivamente, respaldarán en sus regiones la medida. También lo hará el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, pero no los gobernadores de los otros dos departamentos.

Con todo, se espera que el paro más contundente se registre en Santa Cruz, donde nueve federaciones de gremiales anunciaron bloqueos y no habrá transporte público.

Los burgomaestres y gobernadores de Beni, Pando, Tarija, Oruro, Potosí y Chuquisaca, además de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y el gobernador paceño, Santos Quispe, se apartaron de la medida.

En Pando, Beni, Tarija y Potosí serán los comités cívicos los que impúlsen la medida de presión, junto a sectores sociales que rechazan el plan normativo de antilegitimación. En Oruro, tanto sus autoridades como sus representantes ciudadanos rechazan el paro.

El Gobierno calificó la medida como política, en beneficio de “algunas élites”. A su vez, desde el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox anunció el despliegue de inteligencia y policías para intervenir los puntos de bloqueo.

Los sectores sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) como el Central Obrera Boliviana (COB), Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), las Bartolinas, entre otros, anunciaron una movilización para el martes.