El gobierno de Luis Arce Catacora enfrentará hoy un paro multisectorial a escala nacional. La motivación de origen es el rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, porque se considera que es un arma de persecución política que además vulnera derechos ciudadanos y concede superpoderes a un organismo (la Unidad de Investigaciones Financieras) cuyo responsable es designado a dedo por el ministro de Economía. La norma avanzó de espaldas a la ciudadanía, no se hicieron consultas en su elaboración y tampoco se hizo caso de las observaciones iniciales. Ahora los voceros del Movimiento Al Socialismo pretenden desconocer que son varios los sectores que están en desacuerdo y ubican a un solo enemigo: el gobernador de Santa Cruz y el movimiento cívico cruceño.

Las reacciones al proyecto de ley no se dejaron esperar y los sectores que se sienten afectados y que han convocado a movilizaciones y paro para este lunes son: los comerciantes o gremialistas del país; el transporte pesado; el transporte urbano de varias ciudades; los empresarios privados; los periodistas y empresas de comunicación (porque se vulnera el derecho de mantener en reserva a fuentes informativas); los abogados. Al final se han sumado los cívicos del país, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, algunas plataformas ciudadanas y algunas gobernaciones y municipios.

Debido a las protestas multisectoriales, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anunció la paralización del tratamiento en el plenario y la socialización, que ya ha comenzado en algunas ciudades. No obstante, los sectores que se consideran afectados han decidido continuar con la protesta expresando desconfianza en el Gobierno.

En respuesta, el Gobierno y varios voceros del MAS (Evo Morales es uno de ellos) atribuyen el paro a los movimientos cívicos y a Luis Fernando Camacho, desconociendo lo que el resto de la ciudadanía expresa. Es más, señalan que esta movilización es el inicio de un “golpe” y que promueve “separatismo”.

Lo lamentable es que el MAS y particularmente la gestión de Luis Arce prefieren la confrontación antes que la gestión, lo que demuestra que no hay autocrítica al interior del Gobierno, como si los epítetos y agresiones pudieran cubrir la necesidad que tiene el país de avanzar y dejar atrás la polarización política y la siembra de odio que divide a los bolivianos.

La reiteración del relato del supuesto “golpe de estado” está atrasando al país, porque plantea que cualquiera que observe y se oponga al gobierno es enemigo y “golpista”. Por eso, el MAS en el Legislativo no escucha lo que dicen las minorías (oposición), como ha pasado con este proyecto de ley. Por eso mismo, se pretenden encasillar las razones de gremialistas, transportistas, empresarios, etc. en la búsqueda de un enemigo que le permita al partido de gobierno seguir con los discursos políticos antes que enfrentar asuntos con el crecimiento del déficit fiscal, las restricciones a las exportaciones o el clamor ciudadano por empleos de calidad, entre otros temas fundamentales.

Luis Arce ganó las elecciones con un porcentaje histórico de votos, pero lo pone en riesgo al desconocer la voz ciudadana de varios sectores. No hay que olvidarse que hay varias agendas abiertas y sin atención: la planteada por los indígenas de tierras bajas, la de los cocaleros de Los Yungas que solo piden no intromisión en su ente sindical; la de varios sectores que demandan anular el actual texto del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas; la de salud por la pandemia; la de la situación económica que demanda acciones más decididas para acelerar la reactivación; entre otras.