El discurso gubernamental frente al paro multisectorial convocado para hoy contra el proyecto de ley que para combatir el enriquecimiento ilícito es que se pretende derrocar al presidente Luis Arce.

Sin poder frenar la medida anunciada por gremialistas y transportistas, a la que se sumarán empresarios, cívicos, plataformas de defensa de la democracia y algunos gobiernos subnacionales, el oficialismo unió voces para descalificar la medida y tacharla de política y desestabilizadora del gobierno.

El primero en lanzar la hipótesis fue Evo Morales en un programa de radio. También subestimó el poder de convocatoria de la protesta y descalificó a ‘los pititas’.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que el paro generará una pérdida económica de $us 112 millones.

El canciller Rogelio Mayta, en una entrevista con los medios estatales criticó que mientras los cívicos anuncian el paro cívico “nuestras organizaciones sociales hacen cumbres para la reactivación económica”. Complementó que “lo que quiere la derecha es que al país le vaya muy mal”, dijo.

El jefe del MAS, Evo Morales, en su contacto semanal con la radio Kawsachun Coca, señaló que “cada quien puede tener su propia lectura política, pero creo que empieza el golpe de Estado, primero. Segundo, comienza el separatismo y fundamentalmente empieza con paros para destrozar a la economía del pueblo boliviano”.

Según Morales, los que convocan al paro, a los que llama ‘pititas’, no tienen gente para paralizar el país. “El pueblo boliviano no va a parar. Bajo presión y bajo prebenda. Por qué el tema de los pititas pues, no tienen gente. Agarran una pita trancan una calle, perjudican a la gente. De eso viene ‘pititas’. No tienen gente”, aseguró y después siguió la crítica: “Dos o tres pitilleros se contratan, agarran, están trancando una calle, pagan 200, 300, 500 y hasta 100 dolares por día y listo”.

Para sustentar su hipótesis de golpe dijo que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, advirtió a Luis Arce: “Cuidado que te pase igual que a Evo”.

El asambleísta departamental cruceño por el MAS, Clemente Ramos, portavoz del MAS en esa instancia departamental denunció que el gobernador Luis Fernando Camacho tiene el objetivo de desestabilizar al Gobierno. “No lo vamos a permitir, nos hemos declarado en emergencia junto a nuestras organizaciones sociales, vamos a defender la victoria de nuestros hermanos Lucho y David”.

El vocero presidencial, Jorge Richter, manifestó en la misma línea que se quiere retirar de la presidencia a Arce, a Choquehuanca, a los presidentes de ambas cámaras para lograr impunidad. “Controlar todos los poderes del Estado, como ya lo han hecho, por la vía violenta y a partir de eso tomar nuevamente el control de la economía del Estado, para repetir lo ocurrido el 2019 y 2020. Utilizarán las formas violentas”.

Según su teoría, para emprender un supuesto nuevo golpe de Estado utilizarán la violencia, recurrirán a sectores empresariales, alimentarán la indignación de la población y finalmente buscarán apoyo en las FFAA y la Policía.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló que la población de Santa Cruz tiene más de 3.370.000 habitantes y 30 personas decidieron ir a un paro ilegal. “Ellos representan el 0.00089%. En democracia nunca se había visto eso”.

“Los empleados de la Gobernación y de la Alcaldía estarán obligados en las rotondas. A eso se suma la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, e igual recibirán su sueldito”, dijo.

Cuantificó que en el caso del Gobierno Municipal de Santa Cruz, más de 5.487 funcionarios estarán en las calles. 3.283 funcionarios de la UAGRM y en el caso de la Gobernación serán 7.015, haciendo un total de 15.785 personas obligadas a movilizarse, pero recibiendo salarios de nuestros impuestos”.

Complementó que este paro cívico afectará “enormemente a la economía, calculamos que más de $us 112 millones, y solamente en Santa Cruz, $us 32 millones. “Es un paro ilegal, no concuerda con la CPE”, lamentó.

El Poder Legislativo congeló el tratamiento del proyecto de ley contra el enriquecimiento ilícito y financiamiento al terrorismo. El ministro de Economía ha estado reuniéndose con sectores para explicar el alcance de la norma. Nade eso detuvo el paro de hoy.