La eterna lucha entre oficialismo y oposición ingresará hoy en una nueva etapa. Se trata de un episodio más en la evidente lucha entre un Gobierno que se proclama socialista y organizaciones políticas conservadoras que están, voluntariamente o no, reforzadas por activistas y movimientos autodenominados cívicos.

Se ha elegido esta fecha, 10 de octubre, porque hoy se recuerda los 39 años de la recuperación de la democracia. Al haber caído la fecha en domingo, los comités cívicos, reunidos en Potosí, declararon un paro de 24 horas a cumplirse mañana, primer día laboral.

Pero el nuevo capítulo comienza hoy, con un acto denominado “en defensa de la democracia”, que se realizará a partir de las 18:00 en puertas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, una institución cuya presidenta, Amparo Carvajal, se ha convertido en un símbolo de la denuncia de los abusos que comete el gobierno central.

Claro que la medida de la contundencia de las protestas se tomará recién mañana, cuando se vea el alcance del paro nacional contra el que el oficialismo ya ha desatado a sus adláteres, con el fin de debilitarlo. 

¿Quién vencerá en esta nueva pulseta? Mientras esperamos los resultados, repasemos la actitud del gobierno en los últimos días:

Después de ningunear a la marcha indígena, mandar a la Policía a reprimir a los cocaleros de Yungas de Adepcoca y de negarse tozudamente a revisar el cuestionado proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno de Luis Arce dio un inesperado como sospechoso cambio, algo así como un llamativo golpe de timón, como suele decirse en nuestro país sin experiencia de navegación marítima, del cual aún se desconocen las motivaciones reales.

Se abrió a dialogar con la marcha indígena que llegó de Trinidad a Santa Cruz, después de que en voz del propio Luis Arce el Gobierno la desconoció, la acusó de estar manipulada por la derecha y de no representar los intereses de los pueblos indígenas del Oriente boliviano. En esa línea, envió una comisión encabezada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, pero la asamblea de pueblos indígenas decidió no concurrir a la reunión porque se ratificó en su demanda inicial: solo dialogarán directamente con el presidente.

En La Paz, tras 15 días de violenta represión policial, el comité de autodefensa de cocaleros de Yungas que se manifiestan contrarios al Movimiento al Socialismo, retomó la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y con la fuerza de unos 30.000 cocaleros derrotó a la Policía y al Gobierno que salieron en defensa de otros dirigentes afines al MAS con el apoyo presencial de dos ministros de Estado, pese a que estos negaban reiteradamente la participación del Ejecutivo en una elección sectorial en la que ellos nada tendrían que hacer. En términos políticos, el Gobierno sufrió una evidente derrota ante los cocaleros de Yungas.

El tercer cambio se dio en el tratamiento del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que tras una cerrada oposición de múltiples sectores del país quedó paralizada para supuestamente recoger las demandas de los sectores y consensuar el contenido de los artículos más polémicos.

Hasta antes de esa decisión, el MAS avanzó en la Cámara de Diputados contra viento y marea, sin escuchar las observaciones ni protestas, y aprobó la ley sin modificaciones para remitirla luego al Senado, donde ahora está detenida.

Como vemos, el gobierno ha retrocedido. De los efectos que vaya a tener el paro de mañana dependerá el curso de este nuevo episodio.