Mientras la economía boliviana va recuperándose y las familias bolivianas se esfuerzan diariamente por salir adelante y dejar atrás la crítica situación que el país vivió en 2020, un grupo de cívicos, políticos de oposición y algunos sectores amenazan con realizar un paro cívico este lunes 11 de octubre, que significa un completo atentado a la recuperación de la economía boliviana y, en particular, a la economía de los hogares.

La convocatoria al paro, que supuestamente pretende defender los derechos de la población, ha demostrado ser política. Por un lado, porque la propuesta del gobierno nacional de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, contra la cual se estarían movilizando, tiene únicamente fines de regular actividades ilícitas en el país y no vulnera los derechos constitucionales de la población, los cuales están garantizados.

Por otro lado, el tratamiento del proyecto de norma que se estaba realizando en la Asamblea Plurinacional en pasadas semanas fue puesto en pausa y, claramente, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó la apertura a recibir observaciones y sugerencias. De igual forma, las autoridades del gobierno nacional han estado socializando la medida y aclarando las dudas sobre la misma en varios departamentos del país y a diferentes sectores.

Por lo mismo, si hay intenciones constructivas en el rechazo a la norma, sería sensato de parte de los sectores movilizados remitir sus observaciones y consultas sobre la misma, y contribuir en este proceso, y no insistir en la paralización del país que lo único que logrará es una fuerte afectación en la economía, y no sólo en los sectores movilizados sino fundamentalmente en la población más vulnerable, la que vive del día a día.

En efecto, un día de paro genera para el país una pérdida potencial de aproximadamente 112 millones de dólares —con los departamentos de Santa Cruz y La Paz como los más afectados, con una pérdida de más de 30 millones de dólares cada uno— y un serio impacto en las actividades de transporte, comercio, restaurantes, turismo, establecimientos financieros, otros servicios, y la actividad productiva.

El mayor impacto del paro, no obstante, se evidenciaría en la economía de los hogares bolivianos más vulnerables; en aquellos sectores de cuentapropistas, vivanderos, comerciantes, entre otros; en la población que día a día lleva el sustento a su hogar y que por un día no trabajado se vería impedido de atender las necesidades básicas de sus familias.

Por lo tanto, el querer realizar un paro en pleno proceso de reconstrucción de la economía, de lucha de los hogares por salir adelante y de las diferentes actividades por reactivarse, es un atentado contra el país, contra la economía nacional y contra la población que depende de sus ingresos diarios. El paro no tiene justificación y sólo muestra fines políticos de grupos que han estado generando confusión y desinformación en la población, y que aprovechan este elemento para conseguir adeptos a sus intereses que son visiblemente políticos, y generar así una dura afrenta al proceso de recuperación económica y a las familias bolivianas.