El 10 de octubre de 1982, quedaba atrás un ciclo de casi 18 años marcados por el autoritarismo, la prepotencia, la sistemática violación de los derechos humanos y la conculcación de todas las libertades civiles, sociales y políticas. Durante esas dos décadas infames, los bolivianos no pudimos decidir quienes nos gobernaban; hoy es diferente: los elegimos, pero también entendemos que la democracia no puede reducirse al acto de votar y que, sin concertación, pluralismo y respeto de las minorías, nuestros derechos ciudadanos están amenazados.

Han pasado ya 39 años desde el 10 de octubre de 1982, cuando Hernán Siles Zuazo juraba cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes desde la Presidencia. A partir de ese momento, se abrió una etapa en la que fue necesario construir instituciones, pues los militares habían manejado el país como si se tratara de un cuartel y dejado la economía en ruinas.

Fue como comenzar de cero y si se suma ese fenómeno a la mayoritaria oposición conservadora y con fuertes nexos con el entonces reciente pasado dictatorial, la principal víctima del descalabro económico fueron los bolivianos y no el Gobierno de la Unidad Democrática y Popular, que muy pronto quedó destrozado, a tal grado que Siles Zuazo debió renunciar un año antes del fin de su mandato.

Fue la primera demostración de que la democracia, como sistema político, había llegado a Bolivia para quedarse por encima de amenazas y crisis de todo tipo: la grave enfermedad terminal que obligó a la renuncia de Hugo Banzer y el traspaso constitucional a Jorge Quiroga; la gravísima situación política que se generó tras la fatal convulsión de octubre de 2003 y la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, con la asunción legal de Carlos Mesa a la Presidencia; su renuncia para que sea el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien asuma la conducción de los hilos del Estado, y la entrega del mando a Evo Morales el 22 de enero de 2006.

Luego tuvimos una nueva Constitución, al tercer año del largo régimen masista que poco a poco convirtió la democracia institucional en un totalitarismo populista, disimulado detrás de un discurso indigenista-nacionalista-inclusivo, cuya decadencia se aceleró con el cínico desconocimiento del referendo del 21F, la corrupción y el derroche de los recursos de la bonanza económica.

El fraude electoral de 2019 fue el corolario de esa espiral de decadencia y antidemocracia a la que los 21 días de resistencia y repudio ciudadano pusieron fin. Se instaló un Gobierno transitorio que duró 11 meses y luego se eligió al actual.

Y, hoy, nuevamente vivimos bajo un régimen que descalabra la institucionalidad en su empeño por instaurar una hegemonía que amenaza la democracia.