Cívicos, políticos de derecha, opositores y otras organizaciones contrarias a la gestión del actual Gobierno anuncian un paro cívico, dicen que hablan por el pueblo y que exigen derechos políticos, pero éstos son atribuibles a unas cuantas personas, lamentablemente no ven que la población tiene otras necesidades.

Luego de un enclaustramiento de un año, además de las malas políticas económicas y sociales por parte del gobierno de facto de Jeanine Añez, la población vio mermados sus ingresos económicos. Muchos incluso estuvieron todo ese tiempo sobreviviendo con sus ahorros o con préstamos fugaces, ya que la compra de alimentos es diaria.

En Bolivia, una gran parte del sector de comerciantes vende para vivir al día, consigue lo necesario para los gastos básicos de alimentación y transporte, además de cuidar a sus familias, cumplir con sus deudas económicas y con el estudio de sus hijos.

Sin embargo, luego de un 2020 lapidario para los bolsillos de los bolivianos, con la llegada de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo (MAS) al gobierno se inició una intensa campaña para recuperar dinamismo económico mediante un paquete de medidas que están dando resultados.

Es por ello que cuando personajes como el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y otros, apoyados por personajes como Carlos Mesa, Jorge Quiroga y más, hablan de paralizar un día al país, todos los sectores se pronuncian en contra.

Desde la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), además de otras organizaciones que componen el Pacto de Unidad, hasta el sector de madres solteras trabajadoras, incluyendo a los municipios, se manifestaron en estos días indicando que no acatarán la medida, defenderán la democracia y que estas decisiones para proteger a unos cuantos sólo generan perjuicios financieros.

El pueblo, como dijeron varios representantes de organizaciones sociales, está más interesado en trabajar para recuperar sus ingresos, lo que permite dinamizar el mercado interno y superar la crisis provocada por la anterior gestión gubernamental, además de la pandemia del Covid-19.

“Rechazamos rotundamente el accionar de algunas autoridades que pretenden nuevamente convulsionar nuestro país, buscando pretextos, sin argumentos, lo único que hacen es hacer politiquería (…) No permitirán más paros cívicos ni bloqueos que lo único que hacen es perjudicar a la economía de miles de sectores que trabajan para el día a día”, indica el comunicado de la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa de la ciudad de El Alto (Fermype), postura que es replicada en general por varias otras organizaciones.

“No podíamos esperar otra cosa, no nos extraña que estén haciendo este paro, porque tienen dos objetivos, por un lado impunidad. En ese paro que están promoviendo no hay una reivindicación social, no hay nada más que el pedido descarado de que no quieren ser convocados a la justicia, no quieren ser procesados, pese a que han tenido actuaciones en la crisis política de 2019″, mencionó al respecto el canciller Rogelio Mayta.

Lo cierto es que es evidente que los cívicos y la oposición llegan a un lunes de paro sin respaldo, sin fuerza y apoyados sólo por algunas personas en las ciudades, ya que la gran mayoría trabaja en el campo, pero pese a decir que defienden la democracia, hacen oídos sordos a la mayoría de los bolivianos y buscan convulsionar el país en un mero y simple cálculo personal y político.