El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó la ley de designación de autoridades regionales sancionada por la Asamblea Departamental de Santa Cruz, que pretendía menoscabar la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de emitir leyes relacionadas a la estructura organizacional de las referidas entidades públicas, irrumpiendo la voluntad del legislador del nivel central del Estado.

Entre estas facultades están la designación del Fiscal Departamental, representante departamental de la Defensoría del Pueblo, representante departamental de la Contraloría General del Estado, representante departamental de la Procuraduría General del Estado, vocales del Tribunal Electoral Departamental, vocales del Tribunal Departamental de Justicia y Director de la Oficina Anticorrupción del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

“Pretendían tomarse atribuciones y competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, querían separar Bolivia con esta ley, por lo tanto no lo hemos permitido”, dijo Clemente Ramos, asambleísta departamental.

El 17 de septiembre, la asamblea cruceña, cuya mayoría está compuesta por concejales de Creemos, partido del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, sancionó la ley en contra de las resoluciones nacionales, por lo que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó ante el TCP una solicitud de medidas cautelares para que suspenda la promulgación y publicación de esa norma inconstitucional.

A través de un auto supremo dictado el 1 de octubre, el TCP consideró “ha lugar la solicitud de medida cautelar formulada por Andrónico Rodríguez, presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta que se resuelva el fondo de la problemática”.

La norma “menoscaba la atribución de la citada Asamblea Legislativa Plurinacional de emitir leyes relacionadas a la estructura organizacional de las referidas entidades públicas, irrumpiendo la voluntad del legislador del nivel central del Estado”, de acuerdo al auto supremo del TCP.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, denunció que la aprobación de esta ley vulnera la Constitución Política de Estado (CPE), las normas vigentes y se atribuye las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que inicia así un proceso separatista.

“La Asamblea Departamental de Santa Cruz ha sancionado una ley departamental, el 17 de septiembre, y entendemos que es la causante de todos estos actos de provocación, de racismo y de afrenta a los símbolos nacionales (…) Ésta es una grave afrenta a la unidad del país, constituye indicio del delito de separatismo”, reprochó.