Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: domingo 10 de octubre de 2021
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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El empresario y abogado Luis Fernando Camacho Vaca, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y ahora gobernador de ese departamento, promueve y financia actos de desestabilización para consolidar su poder político.
Asus 23 años Camacho se convirtió en el vicepresidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC); la Federación Internacional de Derechos Humanos la calificó como un grupo paramilitar. En 2015 ingresó al Comité Cívico Pro Santa Cruz como segundo vicepresidente hasta 2017. Ese mismo año fue primer vicepresidente y en febrero de 2019, elegido y posesionado como presidente del ente cívico.
CÍVICO MILITAR
El 28 de diciembre de 2019, en el programa Cabildeo, de Amalia Pando, se denunció que Luis Fernando Camacho junto al presidente cívico potosinista Marco Pumari, la primera semana de noviembre de 2019 se hospedaron en el hotel Casa Grande de Calacoto, de la ciudad sede de gobierno, donde instaló su cuartel general con la misión de consolidar una comisión de notables que estaría presidida por él para convocar a elecciones presidenciales.
En esas instalaciones Camacho sostuvo intensas reuniones con líderes políticos, asambleístas nacionales, militares, policías y dirigentes de organizaciones sociales para consolidar su propuesta.
Simultáneamente daba conferencias de prensa en las que exigía la renuncia de las máximas autoridades de los órganos judicial, electoral y legislativo en un intento de generar un vacío de poder que le permita cumplir su sueño de ser presidente transitorio.
“Pidió la renuncia colectiva a los miembros de todos los poderes del Estado para evitar la sucesión constitucional y que él (Fernando Camacho) asuma la presidencia por vacío de poder y que él asuma la presidencia a través de una junta de notables”, denuncio Amalia Pando en el programa Cabildeo.
GOLPE DE ESTADO
Luis Fernando Camacho, junto a los partidos de oposición, las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Boliviana y plataformas políticas, entre septiembre y noviembre de 2019, promovió actos de violencia como la quema de los tribunales departamentales electorales, persecuciones a dirigentes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta consolidar el golpe de Estado que derivó en la sucesión ilegal de Jeanine Añez y el asesinato de 38 personas en El Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos.
“Esta es mi palabra: la resistencia de los 21 días (de 2019) demandó algunos recursos que fueron cubiertos en su totalidad por mí, no existen tales financiadores (…) El nuevo gobierno del MAS se equivoca rotundamente si piensa que nos amedrenta. Rechazamos las listas negras y el intento de criminalizar la Revolución de las Pititas”, escribió Camacho en su cuenta de Facebook el 17 de noviembre de 2020.
EL GOBERNADOR CONVOCÓ A UN PARO PARA MAÑANA
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a los partidos de oposición, el Comité Nacional de Lucha por la Democracia (Conade), el Comité Cívico Pro Santa Cruz y de otros departamentos, convocó a un paro nacional de 24 horas para el 11 de octubre contra una presunta persecución política, exigiendo la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, entre otros.
A través de su cuenta de Facebook, dijo que el paro “no es político sino en defensa de la gente y la libertad”. Pidió a la población que apoyen la medida de presión que rechaza el proyecto de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la “persecución” contra políticos de oposición, entre otros.



