Con 40 estudiantes y egresados de dos universidades, una de La Paz y otra de El Alto, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, procura sepultar el informe de integridad electoral que en 2019 elaboraron 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.

El trabajo realizado en 2019 estuvo refrendado por un convenio suscrito entre el Estado boliviano y la Organización de Estados Americanos (OEA) y se realizó inmediatamente después del verificativo electoral, mientras que la revisión de actas que comenzará este lunes se realizará a iniciativa del propio Chávez y dos años después del cuestionado proceso.

La meta planteada pareciera un exceso, tomando en cuenta la enorme distancia que existe entre ambos trabajos, pero es el segundo intento en este desesperado objetivo político de cambiar la historia a fuerza de consignas y posverdades. El primero fue iniciativa del cuestionado fiscal general, Juan Lanchipa, y lo único que consiguió fue generar críticas a un equipo de una reconocida universidad española.

La Fiscalía contrató por  30.000 dólares a un profesor universitario y a dos de sus alumnos de la Universidad de Salamanca, quienes presentaron un informe pericial que concluyó que hubo negligencia en la empresa que manejó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en 2019, aunque no detectó manipulación de datos.

El Gobierno presentó esa pericia como prueba de que no hubo fraude y que la OEA actuó con objetivos políticos, pero esas conclusiones cayeron por su propio peso y hasta el Gobierno español tuvo que explicar que el estudio se hizo de manera independiente y que se limitó a evaluar los sistemas informáticos usados en 2019, “sin entrar en otros aspectos que analizó el informe de la OEA”.

En ese contexto se realizará ahora el recuento de Chávez, quien destina todas sus energías a sustentar la retórica del “golpe”, como si su tarea principal fuese la de defender al principal beneficiario de este relato: el expresidente Evo Morales Ayma.

Y es que sobran argumentos para pensar que lo que más procura el Procurador es quedar bien con su actual jefe político, exjefe laboral, excliente y expareja de la mujer que hizo que todos los bolivianos hablaran de la firma china CAMC, de la que curiosamente Chávez fue abogado entre 2015 y 2016.

Chávez asumió como Procurador el 12 de noviembre de 2020 y dos meses después contrató a la hija de Evo, Evaliz Morales. Le dio la bienvenida con un mensaje en el que destacó que “su formación profesional y humana acreditan su alto compromiso social, político y profesional…”. La ahora funcionaria de la oficina de defensa del Estado se había graduado a fines de 2018, en 2019 salió a Argentina junto a su padre, regresó al país en diciembre de 2020 y el 4 de enero ya había presentado su declaración jurada como funcionaria de la Contraloría.

Antes de asumir el cargo, Chávez no sólo fue abogado de Morales, sino también su viceministro en tres carteras y ministro en una, la de Gobierno. Por eso no extraña su radicalidad cuando, por ejemplo, se refiere a los medios de comunicación que no se alinean al relato oficialista del “golpe”.

A principios de mes retuiteó en su cuenta de Twitter un gráfico en el que se lee “prensa basura” y se observa los logotipos de ocho medios de comunicación, incluidos éste, agresión que fue condenada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en un comunicado.

Pero eso no le importó y la pasada semana hizo lo mismo con una publicación que difundió dos portadas adulteradas, una de Página Siete y otra de El Deber. Es decir que compartió noticias falsas en su afán de atacar a los medios que no son de su agrado.

Si esta autoridad es capaz de ello, de replicar montajes con objetivos políticos, ¿será que su recuento logra el suficiente nivel de credibilidad como para poner en duda el que hizo la OEA?