El paro político convocado por la oposición para este lunes, en especial en contra del proyecto de ley de ganancias ilícitas, generó diferentes posicionamientos en los actores. En Santa Cruz, con centro en el Gobernador cruceño y la dirigencia cívica, reafirmaron la medida, al igual que en los municipios capitales del eje del país. Otros, como Tarija y El Alto, optaron por seguir con sus actividades a fin de evitar pérdidas económicas. ¿Y después? ¿Qué sigue?

La decisión de convocar a un “paro cívico”, que por sus efectos es una medida extrema, respondió en principio al temor de algunos sectores ante la inminente aprobación de la mencionada normativa sobre ganancias ilícitas. Dicho temor fue provocado por una intensa campaña de desinformación sobre los alcances del proyecto de ley, que tuvo como contraparte, otra vez, una muy limitada capacidad informativa del Gobierno. Fue oportuna, en ese sentido, la decisión del Senado de socializar el proyecto antes de su aprobación.

Pero el paro no responde solo ni principalmente a razones normativas. Como se demostró el lunes pasado en el denominado “Encuentro nacional por la unidad y la defensa de la democracia”, el paro forma parte de la prolongada e irresuelta disputa política entre el MAS-IPSP, nuevamente en el Gobierno, y las oposiciones, derrotadas en las elecciones generales de 2020. Una muestra de ello son las marchas de unos y otros convocadas para hoy en La Paz y el martes en Cochabamba. Hay polarización para rato.

Como sea, la pausa en el tratamiento del proyecto de ley de ganancias ilícitas, la resolución temporal del conflicto en torno a la sede de Adepcoca, las divergencias internas en la marcha indígena (cuya dirigencia condiciona el diálogo) y la decisión de la Fiscalía de postergar la declaración en La Paz del imputado Luis Fernando Camacho por el caso Golpe bajaron la tensión en los últimos días. Ello, sin duda, debilita la convocatoria al paro, a lo cual se añade la preocupación por la crisis económica.

Así, aunque el alcance de un paro resulta siempre incierto, es evidente que este lunes no habrá un “paro nacional”, como busca la oposición. Tampoco será un día normal, como quisiera el Gobierno. El paro tendrá centro en Santa Cruz al amparo de la Gobernación, Creemos y el comité cívico, que anuncian la “toma de rotondas” para imponer la medida. Puede preverse acatamiento parcial en otras ciudades y actividad laboral en la mayor parte del país. Ojalá no haya ningún hecho de violencia o enfrentamiento.

La gran pregunta es qué sigue después del paro y las marchas. ¿Los actores políticos del oficialismo y de las oposiciones tendrán suficiente voluntad para construir una agenda mínima de acuerdos sobre temas de preocupación colectiva, esto es, la reactivación económica, el empleo, la salud pública, la educación, la justicia? ¿O estamos condenados a esperar, o ser parte, del “segundo round” (sic) o la “guerra civil” que proclaman los radicales? Ojalá primen la sensatez, el bien común y la vocación democrática.