El régimen político actual, que tiene en sus manos las riendas del Estado plurinacional y la economía del país, prohíbe vender, alquilar, hipotecar, etc. sus tierras a los indígenas, interculturales, comunarios y campesinos en general. Esa medida económica se origina en la Constitución Política del Estado que promulgó el gobierno de Evo Morales-Álvaro García Linera en el año 2009. Al mismo tiempo, esa Constitución fue producto de la Asamblea Constituyente que reunió el gobierno de entonces.
La determinación está en cumplimiento desde hace quince años y, pese a la resistencia de que es objeto y los graves efectos en su aplicación, no tiene el menor indicio de que pueda ser modificada, de tal forma que los campesinos puedan ser propietarios de sus parcelas, de las que fueron declarados dueños absolutos por la reforma agraria de 1953.
Pese al enorme daño que esa prohibición causa a los campesinos de las zonas altiplánica, los valles y yungas de la región andina del país, ninguna de las organizaciones que dicen representar a los “hermanos campesinos” ha hecho ni la menor observación para que sea levantada. Con un silencio expresado en dejar hacer y dejar pasar, igual actitud adoptaron grandes organizaciones laborales que dicen representar a los campesinos, como la Central Obrera Boliviana, (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Cidob, las bartolinas, y muchas otras, que están de acuerdo implícito con dicha prohibición, como revela su silencio al respecto.
Según concepto económico general, cuando un campesino no puede vender su tierra, automáticamente dejar de ser de hecho propietario de su parcela, por más que la teoría o la ley digan que no es así y que le ¡garantiza! su propiedad. Es más, esa determinación del Estado Plurinacional no solo se cumple por disposición de alguna resolución administrativa o suprema y, nada más ni nada menos, que por disposición de la Constitución Política que fue dictada para “favorecer” a los hermanos campesinos y reparar una injusticia centenaria. Es más, esa prohibición a que el indígena venda sus tierras, de la que es propietario desde tiempos inmemoriales, es producto de una Constituyente y no de una reforma legislativa cualquiera.
En la historia de Bolivia, lo primero que hizo el presidente Simón Bolívar fue declarar a los campesinos propietarios de sus tierras. Esa medida, momentáneamente suspendida, fue reiniciada en su aplicación por el presidente Andrés Santa Cruz y no volvió a ser aplicada, sino por la legislación agraria de Mariano Melgarejo, lo que le costó que un gran levantamiento indígena lo expulse ignominiosamente del poder.
La reforma agraria de 1953 devolvió a los campesinos la propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, les autorizó a vender sus terrenos, de tal forma que pudiesen trabajar su propia parcela y enriquecerse con su producción. Pero en 1964 la restauración en el poder de corrientes anti-indígenas y anti-democráticas fue recortando a los hermanos indígenas el derecho democrático a vender sus fierras, hasta que, finalmente, la Asamblea Constituyente de 2007 y la nueva Constitución de 2009, en actual vigencia, arrebataron a los indígenas ese derecho, no solo el derecho de vender lo que es su propiedad, sino la misma propiedad de la que ahora son meros tenedores.
Se debe agregar que esa prohibición es discriminatoria y racista y textualmente dice a la letra: “Art. 394. III.- El Estado reconoce y protege la propiedad comunaria… La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inalienable e irreversible”, es decir que siendo “inalienable” no se puede vender, hipotecar, alquilar, permutar, etc. y, finalmente, ni trabajar.
El Art. 395 es aún más específico y en el subtítulo III impone: “… se prohíbe las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en donación”.
De esa manera, los indígenas han dejado de ser considerados seres humanos.