Tras siete horas de deliberación, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolvió este jueves negar la tutela solicitada por el alcalde, Manfred Reyes Villa, por el caso “Sillar Alternativo”, por lo que deja en suspenso la ejecución de la sentencia condenatoria, en tanto se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La audiencia comenzó a las 11:44 horas e ingresó en fase de deliberación a las 15:57, se reinstaló a las 18:45 y se presentaron los argumentos de los vocales Juan Carlos Mendoza y Gonzalo Flores.

La defensa de Reyes Villa solicitó que la Sala Constitucional deje sin efecto la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que rechazó un recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria de cinco años de prisión por el caso del proyecto Sillar Alternativo, que data del 2009.

Los vocales Juan Carlos Mendoza y Gonzalo Flores resolvieron el pedido, que dejó en suspenso la sentencia condenatoria, según reportó el diario Los Tiempos.

El vocal Mendoza fue el primero en hacer conocer su decisión, en base a los argumentos que consideró pertinentes de acuerdo al caso.

Por su parte, Reyes Villa consideró el fallo de este jueves como “un empate”, en el cual no se lo puede tocar mientras no se pronuncie el TCP. Indicó que “podría” tardar mucho tiempo por la carga procesal.

“Gracias a Dios y ustedes seguimos en la Alcaldía”, arengó Reyes Villa frente a sus seguidores que se reunieron en la municipalidad cochabambina.

Asimismo, pidió al Gobierno trabajar juntos sin importar el color, sin embargo, acusó al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, de ejercer presión a las autoridades judiciales, incluso viajando a Sucre antes de la audiencia. Criticó esa actitud.

Reyes Villa recordó también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también admitió una petición suya que incluye este caso y espera que el pronunciamiento de esa entidad salga pronto, reportó la red Erbol.

Antecedentes

La autoridad edil está acusada por el caso “El Sillar” que data de 2009 y en 2013 se dictó la sentencia condenatoria por el delito de conducta antieconómica, según reportó el diario La Razón.

En la gestión del exprefecto de Cochabamba y el Servicio Nacional de Caminos suscribieron un acuerdo interinstitucional para la presentación de un estudio a diseño final, como alternativa de solución al problema del tramo “El Sillar” de la carretera Cochabamba – Santa Cruz.

Se dispuso 1.615.000 bolivianos para la contratación de consultorías individuales, cuando el proyecto obedecía a la contratación de consultoría multidisciplinaria y no notaron que ese trazo atravesaba el Parque Nacional Carrasco, situación que evitó la obtención de la ficha ambiental.