Después de una audiencia de más de siete horas, los vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, Juan Carlos Mendoza y Gonzalo Flores, resolvieron no conceder la tutela al alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, sin embargo, se le otorgó medidas cuatelares por lo que no existiría perdida de mandato en el cargo edil del municipio y el mandamiento de condena en su contra queda nuevamente en suspenso

Debido a esta determinación, el caso deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Allegados a la autoridad edil indicaron que este proceso puede demorar de uno a dos años.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, salió a uno de los balcones del edificio edil y agradeció el apoyo de la ciudadanía. Posteriormente, la autoridad brindó una conferencia de prensa en donde dijo que se "sigue haciendo una justicia imparcial" y que aún existen dudas respecto a su caso. Sin embargo, afirmó que, pese a que hubiera recibido la tutela en su solicitud, igual su caso tendría que pasar por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

"Este apoyo ha significado un empate. A Manfred no lo toca absolutamente nadie hasta que el Tribunal Constitucional indique lo contrario", explicó el Alcalde.

De la misma forma, el concejal Manfred Reyes Villa Avilés, dijo que Cochabamba tiene autoridad edil para largo y pidió a los "radicales" que se deje de intentar generar conflictos respecto a este tema.

"Con esta determinación legal se expresa que nadie lo puede mover al Alcalde, es un mensaje para todos los radicales que quieren entorpecer. Todos los cochabambinos quieren el progreso. Hay un mensaje para que se trabaje por Bolivia y se dejen las chicanearías.Con esta determinación legal se expresa que nadie lo puede mover al Alcalde, es un mensaje para todos los radicales que quieren entorpecer. Todos los cochabambinos quieren el progreso. Hay un mensaje para que se trabaje por Bolivia y se dejen las chicanearías", aseveró el concejal.

Reyes Villa Avilés indicó que la revisión del Tribunal Constitucional, por la carga procesal, puede demorar de uno a dos años.