Las amenazas de violencia que lanzan los sectores antagónicos han cobrado en los últimos días un tono de mayor agresividad, hasta el punto de hablar, nuevamente, de una “guerra civil”. Algunos personajes de la política boliviana son tan irresponsables que lanzan amenazas de grueso calibre sin meditar previamente sus palabras, como si se tratara de una competencia en el que triunfará el que demuestre que puede conminar y amedrentar a su adversario.

El país ha sufrido más de una dolorosa experiencia en los últimos años, la más reciente, la que ocurrió en octubre de 2019, con el deceso de al menos 37 personas y centenares de heridas, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Otro aciago acontecimiento fue el de enero de 2007 cuando dos grupos de cochabambinos se enfrentaron con excesiva violencia. En esa oportunidad resultaron asesinadas tres personas y centenares con heridas de diferente índole.

Después de que se precipita algún hecho de violencia, con heridos y muertos de por medio, la primera reacción de los enfrentados es señalar que estas acciones de odio no deben repetirse, pero esas palabras se las olvida rápidamente y, una vez más, se repiten las declaraciones con un resentimiento exacerbado.

Grupos opositores al Gobierno han convocado a un paro nacional para el lunes 11 de octubre, con varias demandas, determinación que provocó la inmediata reacción de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo, que no solo rechazaron la medida de presión, sino que advirtieron que están dispuestos al derramamiento de sangre.

Los ministros de Gobierno y de Defensa afirmaron que, de llevarse adelante el paro nacional, el país perderá millones de dólares, con el riesgo del cierre de empresas que tuvieron dificultades a causa de la pandemia de la COVID.

Es evidente que cualquier paro, bloqueo o manifestación violenta afecta no solo a la libre movilidad de la población, sino también deteriora el aparato productivo, por lo que las medidas de presión, sin importar de qué sector provengan, deberían utilizarse solo como último recurso, recurriendo al diálogo y la concertación en primera instancia.

Advertir con enfrentamientos, uso de armas e incluso mencionar una guerra civil son dislates que provienen de personas o grupos que tienen intereses particulares y a quienes no les interesa que en estas acciones resulten personas heridas o fallecidas.

Estamos a tiempo de evitar enfrentamientos que dejan luto en las familias bolivianas. Lo único que se requiere es aprender a escuchar al otro, respetar su forma de pensar, ser tolerantes con las críticas. 

Solo así se podrá encauzar al país hacia un futuro promisorio, en el que no necesariamente todos piensen igual, pero sí respeten la opinión del otro.