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Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: miércoles 04 de julio de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que el año pasado avalaron con un polémico fallo la reelección del presidente Evo Morales, no serán enjuiciados en la Asamblea Legislativa, según resolvió ayer una Comisión manejada por el oficialismo en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada tarijeña Nelly Lenz (MAS), rechazó el pedido de enjuiciamiento de Macario Cortez, Osvaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Ruddy Flores, los ex magistrados que el año pasado desconocieron los resultados del referéndum del 21F y la propia Constitución, al habilitar la reelección indefinida del Jefe de Estado.
El diputado Luis Felipe Dorado (UD) informó lo ocurrido con el pedido de juicio de responsabilidades contra las ex autoridades judiciales que él mismo había presentado en febrero de este año.
"Esto demuestra el encubrimiento que hay de parte del oficialismo a esta gente sometida al Gobierno, estos ex magistrados han aprobado la reelección de Evo Morales", denunció el opositor.
Para Dorado, los ex magistrados "merecen ser enjuiciados", por lo que denunció que esa Comisión se convirtió en una instancia para "pagar favores" a quienes dieron vía libre a la repostulación de Morales.
La legisladora Lenz informó que su Comisión procedió al “rechazo” y al “archivo” del caso, por recomendación del Comité del Ministerio Público que en su informe preliminar determinó que la Asamblea no tiene competencia para el juzgamiento de los ex magistrados.
“Los magistrados han cesado en sus funciones, por lo tanto, no tenemos competencia para juzgarlos”, manifestó al explicar que una sanción en caso del procesamiento de una autoridad en ejercicio de funciones es la suspensión o destitución del cargo, sanciones que no aplicarían a los ex magistrados.
La sentencia constitucional, celebrada y reconocida por el Jefe de Estado, el Gobierno, su partido y organizaciones sociales leales, es rechazada por sectores empresariales, la Iglesia Católica, líderes de oposición y colectivos ciudadanos.
Desde noviembre de 2017 hay protestas cada vez más constantes contra el fallo, además de acciones legales ante organismos internacionales, aunque el Órgano Ejecutivo las minimiza y cuestiona.
EMERGENCIA EN EL MAS
El Movimiento Al Socialismo (MAS) se declaró en emergencia ante las manifestaciones de colectivos ciudadanos que piden el respeto a los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016 (21F), indicó el diputado David Ramos.
El legislador dijo que las agrupaciones que conforman el MAS tomarán acciones para defender el "proceso de cambio" y la reelección de Morales. No obstante no quiso dar detalles de las medidas que asumirán por estrategia, pero señaló que las mismas estarán enmarcadas en el derecho democrático.
"Ciertas amenazas en algún momento tienden a desestabilizar, como quiere la derecha y la oposición, camuflada y disfrazada de colectivos ciudadanos y plataformas. Nos reservamos asumir acciones ", agregó.